El Senado convirtió hoy en ley la prórroga hasta fines de 2011 de la Emergencia Económica que impuso el Poder Ejecutivo como consecuencia de la crisis que el país atravesó en 2001 con la abrupta salida de la convertibilidad económica que rigió en los años 90.
La iniciativa fue sancionada con el apoyo de 38 legisladores de oficialistas y aliados contra 23 senadores del radicalismo y el grupo federal que reúne a los disidentes justicialistas y partidos provinciales. La ley faculta al Ejecutivo a fijar tarifas, renegociar los contratos de los servicios públicos privatizados, regular precios de la canasta básica, postergar pagos de sentencias judiciales y reordenar el sistema financiero, entre otros tópicos.
La emergencia pública fue votada por primera vez en enero de 2002 tras la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa y el estallido de la crisis económica y desde entonces ha venido siendo prorrogada todos los años.
Por el oficialismo la nueva prórroga, esta vez por dos años, fue expuesta en el recinto por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, Fabián Ríos (FPV), quien argumentó a favor de extender la vigencia de la ley para continuar la renegociación de contratos con concesionarios de servicios, los planes sociales y la situación sanitaria.
En contra de esa postura se manifestó el radicalismo, que a través Alfredo Martínez recordó que el CIADI -organismo internacional para dirimir controversias de negocios- "en todas las etapas no ha aceptado la emergencia que nuestro país viene sosteniendo" ante la evidente mejora macroeconómica que presenta.
La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, también fundamentó su voto en contra al indicar que "continuar con este tipo de políticas va a debilitar a la Argentina" y sostuvo que "estas leyes que han permitido la concentración del poder público en el Poder Ejecutivo no nos han ayudado a construir la Argentina que nosotros queremos".
En cambio, se pronunció a favor de la prórroga la correntina Dora Sánchez (Concertación), quien si bien recordó que en años anteriores votó en contra, juzgó ahora que el contexto de crisis internacional justifica las facultades que requiere el Poder Ejecutivo.
Los peronistas no kirchneristas Sonia Escudero (Salta) y Roberto Basualdo (San Juan) se expresaron en contra de la nueva prórroga. Para la senadora Escudero extender en el tiempo la emergencia económica causa "un tremendo daño al país" y se preguntó "por qué clausurar por dos años el Congreso". El socialista Rubén Giustiniani remarcó que pedir una nueva prórroga de la emergencia económica es "poco inteligente" de parte del Gobierno Nacional porque quedará como una administración que durante seis años y medio "gobernó con Decretos de Necesidad y Urgencia, con superpoderes, soslayando al Congreso de la Nación".
La peronista disidente de San Luis, Liliana Negre de Alonso, advirtió que "hay un mensaje contradictorio" de parte del Gobierno ya que "por un lado vienen los funcionarios del Poder Ejecutivo y dicen que la Argentina está de pie", y por otro nos "están mandando este fundamento diciendo que es necesario prorrogar la ley de emergencia por la influencia y el impacto que la crisis internacional tendrá en los mercados bursátil y cambiario", indicó.
El porteño Samuel Cabanchick (Bs.As.Federal), justificó su voto en contra de la nueva prórroga y dijo que "por lo menos no nos podemos hacer eco de esa ficción fundamental que es que el país está en emergencia" y manifestó que el proyecto del Ejecutivo es un acto mas "del estado de excepción" con que decidió gobernar.
DyN
