VIEDMA(AV).- El miércoles nueve de diciembre continuará el juicio en el que está imputada la abogada Sandra Bombardieri, funcionaria de la Fiscalía de Estado. En la audiencia se trata de establecer si hubo control o intención de parte de ese organismo en el pago al abogado José Zalesky de 1.700.000 pesos de más de lo que le correspondía por patrocinar juicios de estatales en el marco de la Ley 2990.

Bombardieri era en ese momento la jefa del área judiciales de la Fiscalía, razón por la cual está imputada en esta presunta estafa a la administración pública junto con el fiscal de Estado, Alberto Carosio, quien amparado en los fueros no concurrió nunca a declarar.

El nueve prestarán declaración testimonial ante el Tribunal -integrado por Susana Milicich de Videla, Eduardo Ignacio Giménez y Ernesto Rodríguez- otros integrantes de la Fiscalía de Estado, entre ellos, el abogado Eduardo Martirena. También fueron citados Gladys Macre, Mario Molina. Liliana Staforini y Sergio Ceci.

Nuevos testigos

Para el 10 fueron citados testigos nuevos pedidos por la Fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui, y la presidenta del Tribunal, Susana Milicich, quien manifestó su interés por escuchar al fiscal de Estado adjunto, Julio Ortiz.

Por su parte la Fiscal pidió la presencia como testigos de los abogados Ernesto Torres, Diego Saquetti, Carlos Dvorzack y Danilo Vega. Contra los tres últimos la Fiscalía de Estado inició acciones judiciales al ser detectada por la auditoría contable del organismo un presunto pago demás, también por la ley 2990. Todos fueron mencionados en ese marco en el juicio por las abogadas de Fiscalía, Natalia Faluggi y Lucrecia Rodrigo.

Unos sí, otros no

No obstante en la audiencia también se confirmó que en el control de liquidaciones de otros abogados fueron detectadas diferencias, pero nadie pudo explicar por qué no se les iniciaron acciones judiciales como a los otros cuatro letrados, incluido José Zalesky que por estar imputado en la causa penal por el cobro demás de lo que le correspondía no fue citado por la fiscal.

La no concurrencia al juicio del fiscal que participó de la investigación de esta causa, Ricardo Falca, como adjunto de Zaratiegui generó el pedido de un sumario administrativo de parte de la Fiscal.

No obstante trascendió que Falca fundamentó su imposibilidad de cumplir con esa función por las tareas propias de la fiscalía a su cargo, por la coincidencia en esas fechas de indagatorias prefijadas a las que debía concurrir y por estar a cargo de la supervisión de las audiencias y tramitación de la aplicación del instituto de criterio de oportunidad, entre otras tareas. Al margen de ello consideró que en la solicitud para concurrir al juicio, Zaratiegui no respetó el plazo de 10 días de antelación establecido para ello por la Procuración General.