NEUQUÉN (AN).- Una mujer está librando una batalla legal contra la municipalidad de Neuquén porque la obligan a retirar los restos de su hija, sepultados desde 1977 en el Cementerio Central. La administración la intimó a llevárselos o cremarlos en un plazo de tres días y ella presentó un recurso de amparo. La justicia, sin darle la razón, le otorgó más tiempo para cumplir el trámite.

Como trasfondo hay otra pulseada legal entre la Intendencia y el Concejo Deliberante. En marzo pasado se aprobó una ordenanza para que los 30 años de plazo máximo que puede permanecer un ataúd empiecen a contarse desde enero de 2006 y no desde la inhumación; Farizano la vetó y el Concejo Deliberante insistió.

El colapso de los cementerios neuquinos es conocido. Hace diez días este diario publicó que la municipalidad tratará de mitigar la falta de espacio ampliando el Central con 208 nichos y el del barrio Progreso.

En ese contexto, una mujer a la que este diario identificará por sus iniciales A.G.C. fue notificada en julio del año pasado de que los restos de su hija llevaban más de 30 años en un nicho por lo que tenía tres días para trasladarlos; caso contrario serían cremados.

La mujer, con el patrocinio de los abogados Augusto Barona González y Gustavo Mazieres, presentó un recurso de amparo.

Invocó el derecho de libertad de culto e igualdad, y también al "interés legítimo constituido por la repercusión espiritual" de la orden municipal, que "lesiona sus derechos, sus creencias, afectos y derecho a profesar su culto".

El municipio respondió a la demanda que su actuación no es arbitraria o ilegal. Y le recordó a la mujer que tiene opciones, por ejemplo llevar los restos de su hija a un cementerio privado.

El fallo de primera instancia dictado el 27 de marzo último por el juzgado civil 4, al que accedió este diario, indica que "la función del Estado es garantizar la dignidad en el trato y respeto al difundo y a los deudos" por lo que ordena suspender la exhumación y cremación de los restos en litigio.

La municipalidad apeló. Y en un fallo del 12 de noviembre pasado, la sala I de la Cámara Civil revocó el fallo pero amplió el plazo para retirar el ataúd a tres meses.

Argumentos

"No se ha acreditado que el respeto a la memoria de las personas fallecidas, ni el derecho a rendirles el debido homenaje y tributo afectivo, se vea afectado por la cremación en el marco del credo católico esgrimido por la amparista, ni que resulten insuficientes para salvaguardar tales derechos religiosos las alternativas postuladas por la municipalidad", escribió en su voto el camarista Lorenzo García.

Su par Luis Silva Zambrano, por su parte, afirmó respecto de la demandante: "Cualquiera sea el cadáver de su hija, en modo alguno podría menoscabarse la trascendencia de su persona, ni la esperanza en la resurrección, ni la comunión y reencuentro definitivo con ella".

El abogado Barona González anticipó que presentará un recurso de casación porque el fallo de la cámara "no está fundamentado".

Además, "citan jurisprudencia y el derecho canónico, que no tienen nada que ver con este caso".

Agregó que "debieron declarar abstracta la cuestión porque la ordenanza fue modificada".