VIEDMA (AV).- Transporte admitió la tolerancia de los controles estatales para la prestación de los servicios de autotransporte. El organismo provincial afirma que no registra sanciones, argumentando problemas formales en las denuncias.

El ente público contestó dos pedidos de informes, los cuales requerían datos generales de la supervisión del Transporte y, además, el cumplimiento de las normas de atención a los pasajeros discapacitados (según la ley 2055, capítulo sexto). De las respuestas de Transporte se deduce claramente la levedad de los controles y la ausencia de sanciones, aunque se admite incumplimientos de las empresas y denuncias de los pasajeros.

No hay avances porque "no se presentan comprobantes o elementos que inculpen a las empresas prestatarias".

La Dirección General de Transporte está a cargo del profesor Oscar Villani desde hace 16 años, es decir, las dos gestiones de Pablo Verani, con la continuidad en los gobiernos de Miguel Saiz.

Una iniciativa -que impulsó Martha Ramidán, Beatriz Manso, Fabián Gatti, acompañados por Luis Bardeggia, Luis Bonardo, Silvia Horne y Renzo Tamburrini- pretendió informes de las empresas interurbanas de pasajeros de Río Negro. Transporte consignó 8 concesionarias, con 119 unidades. El mayor parque corresponde a Ko Ko SRL, con 32 unidades, seguido por Vía Bariloche y por Las Grutas, con 24 y 21 colectivos, respectivamente.

Frente a la consulta de la "asiduidad" de controles, Transporte expresa que se cumple "con la documentación que ingresa al momento de incorporar las unidades nuevas", y después existen "controles" en las camineras y en las terminales.

En cambio, no hay respuesta alguna de Villani al punto tres del requerimiento legislativo que solicita se "señale el porcentaje de denuncias e infracciones detectadas por empresa", detallando "tipificación de las infracciones, la graduación de las sanciones y si las mismas han sido efectivizadas".

Sólo se contesta la segunda parte de la consulta para consignar que "no existe variación entre las unidades en servicios y las declaradas". Se enumeran las bajas por vencimiento de habilitación o abandono de servicios. También informó que el Fondo Provincial recaudó más de tres millones en los últimos nueve años, a partir del 2000.

La respuesta de Transporte al segundo pedido de informe -que rubricaron los mismos diputados- ratifica que no hay sanciones. Esa solicitud se concentró en el cumplimiento de este servicio público para discapacitados, fijado por la ley 2055 (Régimen de Promoción Integral de las personas discapacitadas).

En su contestación, Villani aceptó que "las denuncias formuladas se recepcionan" en el organismo y "se procede a solicitar el descargo". Explicó que "no se han aplicado sanciones porque los reclamos no presentan comprobantes o elementos que inculpen a las empresas prestatarias". Igual, el funcionario aclaró que sí "se informa a la empresa para que produzca su informe".