SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, confirmó que investiga la venta de tierras públicas desde el gobierno de Río Negro a particulares. Para ello, el área a su cargo solicitó informes a la Escribanía Mayor de Gobierno, a la dirección de Tierras y a la dirección de Catastro. El expediente 1.149 se inició a partir de una denuncia publicada en "Río Negro", realizada por el agrimensor local Julio Posse. Uno de los lugares a investigar será la zona del río Manso Inferior.

Las irregularidades se habrían producido en los precios que los permisionarios deberían haber pagado y sus bonificaciones, para obtener el título de propiedad. El precio base sería una de las primeras cifras a revisar.

Según pudo averiguar este diario, en la zona de El Manso, con un importante valor venal, se pagaron apenas 150 pesos por hectárea, ya que la aptitud del suelo fue considerada ganadera. Por ello, a la zona que tiene un mayor valor inmobiliario y turístico, se le adjudicó el menor valor para la adjudicación en venta.

En los campos vecinos, El Foyel por ejemplo, a la tierra se le asigna aptitud forestal y se debe pagar 1.800 pesos por hectárea y algunas pequeñas propiedades, a las que se le asigna aptitud agrícola, se cotizan a 10.500 pesos por hectárea.

De esta manera, la fijación de los precios de venta de tierras fiscales y su valor diferencial, que está establecido de acuerdo a la aptitud del suelo de cada predio (agrícola, ganadero o forestal) serían la base del negocio posible de cohecho y la defraudación al Estado provincial. Esto se lograría mediante una negociación individual con cada cliente adjudicatario, pues no habría un control efectivo de la verdadera aptitud del suelo y de los porcentajes que determinen el precio de adjudicación en venta.

La zona es administrada por un comisionado de fomento.