En su contestación, Transporte también desestimó cumplir por "falta de recursos económicos y humanos" la recomendación de la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, para la instalación de un acceso telefónico gratuito para denuncias de parte de las personas con discapacidad.

La respuesta de las empresas que cumplen con rampas en sus unidades es difusa, expresando que algunas disposiciones "otras se encuentran" en ese proceso, "aprovechando el recambio" y optando con vehículos "de piso bajo, esto se debe a que los costos del equipamiento de todas las unidades es muy elevados".

En relación a la periodicidad de las supervisiones de los servicios, Villani expresa que hay controles policiales en las camineras y también diarios en las terminales de Viedma, Roca y Bariloche.

"No se cuenta con esa información". Esa única respuesta consigna Transporte a la consulta legislativa sobre las "empresas sancionadas por el incumplimiento" de las "condiciones de accesibilidad necesarias y el "plazo dispuesto para el cronograma de adaptación de las unidades". Los parlamentarios insisten por los "mecanismos de fiscalización". El organismo expresó que "ha recepcionado los reclamos" y se trasladó a las empresas, y la mayoría son por la falta de lugar en la unidad".

Lo concreto es que más allá de las respuestas o en algunos casos de los intentos de respuestas, los usuarios siguen quejándose de cómo viajan, de las dificultades para los discapacitados y de otros aspectos del transporte de colectivo en Río Negro. (AV)