MANILA.- El gobierno de Filipinas declaró ayer el estado de excepción en la provincia sureña de Maguindanao después de que al menos 21 personas fuesen secuestradas y decapitadas por hombres armados por una aparente disputa política relacionada con las candidaturas a las próximas elecciones provinciales, previstas para mayo, según informan fuentes militares.
Las mismas fuentes del Ejército temen que las víctimas podrían ser la mayoría políticos locales y periodistas.
Alrededor de 100 hombres armados irrumpieron ayer a la mañana en una oficina de la Comisión Electoral en la provincia de Maguindanao, a 950 kilómetros al sur de Manila en la isla de Mindanao.
A punta de pistola introdujeron a unas 30 personas en furgonetas, que trasladaron a una zona montañosa, según un portavoz del Ejército filipino.
Poco después, antes de la llegada del Ejército, al menos 21 de los capturados fueron decapitados, según fuentes militares.
El teniente coronel Romeo Brawner comunicó que habían hallado los cuerpos de 13 mujeres y 8 hombres entre ellos abogados, periodistas, y la mujer y otros familiares de Ibrahim Mangudadatu, vicealcalde de la ciudad de Buluan.
"Creemos que hay más cuerpos enterrados", añadió Brawner, que lamentó: "Las muertes ocurrieron antes de que nuestras tropas llegaran al lugar".
El secuestro masivo y los posteriores asesinatos se deben a una disputa política entre distintos candidatos locales. La mujer de Ibrahim Mangudadatu planeaba presentar la candidatura de su marido en la oficina electoral cuando llegaron los asaltantes. Iba acompañada de dos abogados y varios periodistas.
El sur del país es caldo de cultivo de luchas políticas entre clanes. Muchos políticos que presentan sus candidaturas tienen sus propias guerrillas armadas privadas.
Las elecciones en Filipinas suelen estar marcadas por la violencia, donde las fuerzas de seguridad se enfrentan a rebeldes comunistas y milicias islamistas.
Mercenarios
Los pistoleros eran mercenarios a sueldo del gobernador, Andal Ampatuan, conocido en la zona como El Padrino y uno de cuyos hijos estaba al mando de la operación, según fuentes militares. Algunos de los sicarios estaban empleados como escoltas y guardias por la familia Ampatuan, cuyo patriarca quería impedir que Mangudadatu le disputase el puesto en las elecciones de mayo, afirmó el teniente coronel Romeo Brawner.
Desde hace años, los Ampatuan y los Mangudadatu llevan enzarzados en una disputa de clanes en la que hasta ahora casi siempre se ha impuesto la familia del gobernador, que tiene cuatro mujeres y 30 hijos en su calidad de datu o jefe tribal en el sur musulmán de Filipinas.
Ampatuan acusa a Mangudadatu de haber ordenado el asesinato de dos de sus hijos en el 2002, mientras éste lo niega y lo implica directamente en el asesinato de su esposa. (AFP y DPA)
