A los gobiernos se los puede evaluar desde muchos lugares: por el éxito en la reducción de la desigualdad, por el grado de participación democrática de los ciudadanos, por el esfuerzo en la industrialización, etcétera. Nuestra propuesta consiste en evaluar al gobierno argentino desde la perspectiva de los esfuerzos puestos en la modernización del país. A estos efectos tomamos como modelo paradigmático el proceso de la transición española, que fue esencialmente un proceso de modernización. Esta elección no es sólo consecuencia del indiscutible éxito alcanzado por España sino que también obedece a razones de idiosincrasia. Nadie puede poner en duda que existe una comunidad cultural entre España y América Latina, de modo que nada impide que aquello que ha resultado exitoso en un espacio geográfico-cultural pueda ser alcanzado en el otro.
No todos estarán de acuerdo en Argentina con utilizar este baremo. En la izquierda latinoamericana existe una marcada diferencia en el modo de considerar las cuestiones vinculadas con la modernización. Este diferente modo de entender la importancia de las reformas se remonta a los tiempos de la famosa polémica Bernstein, a finales del siglo XIX, cuando se conformó la socialdemocracia. La izquierda que se separó para dar lugar al nacimiento del movimiento comunista adoptó una actitud despreciativa hacia las políticas reformistas. Esa izquierda anticapitalista es todavía fuerte en América Latina y actualmente se alinea detrás de la llamada "revolución bolivariana". Aunque es democrática y abandonó su apuesta por la lucha armada, mantiene inalterable su fe en el mito revolucionario. Si bien no tiene un proyecto alternativo definido frente al capitalismo, conserva su aprensión hacia el modelo de economía de mercado y aspira a alcanzar el poder para cambiar ese modelo. Por consiguiente, en su horizonte mental no contempla la posibilidad de reformar el capitalismo puesto que aspira a cambiarlo. Visualiza las políticas reformistas como destinadas a conservar o fortalecer el modelo capitalista y por tanto las desvaloriza, desprecia o ignora.
Las políticas reformistas en América Latina, pese a las opiniones de la izquierda anticapitalista, son verdaderamente revolucionarias. Rescatamos la expresión acuñada por Claude Offe para señalar que hay reformas revolucionarias por los efectos transformadores que persiguen. También porque requieren una enorme voluntad política, seguida de un enorme respaldo social, para ser emprendidas. A continuación tomamos como ejemplo ilustrativo tres reformas revolucionarias que abrirían una etapa de progreso en Argentina. Seguramente se podría señalar alguna otra más, pero las elegidas nos parecen suficientemente ilustrativas y de tal envergadura, que bastarían para cambiar radicalmente el perfil de nuestra sociedad. Finalmente cabe señalar que algunos sociólogos denominan metanormas las pautas de comportamiento colectivo que hacen que en una sociedad se cumplan y lleven a efecto las leyes corrientes. Este resultado recién se consigue cuando las políticas de modernización institucional se mantienen inalterables a lo largo de varias décadas.
Reforma fiscal. El sistema tributario argentino es completamente anómalo. La mayor presión impositiva se ejerce a través de los impuestos indirectos (la alícuota del IVA, inclusive para los bienes alimentarios, es del 21%) o los denominados impuestos distorsivos (cada débito o crédito bancario es objeto de imposición y gran parte de la recaudación proviene de las retenciones a las exportaciones). Ni las plusvalías ni la renta financiera están gravadas. Por otra parte, no existe un sistema tributario equitativo si éste no logra un elevado grado de eficacia en la aplicación práctica. La elevada evasión impositiva que registra Argentina es la consecuencia de la ineficacia en la gestión tributaria. La evasión tributaria posibilita que mejore la posición de unos a costa de la de otros. De allí que tan importante como el establecimiento de principios de equidad en el diseño de un impuesto sea la manera en que funciona en la práctica concreta. Se han realizado algunas mediciones de la evasión fiscal en la Argentina, que arrojan resultados vergonzantes. Los porcentajes de evasión en IVA e Impuesto a las Ganancias pueden alcanzar el 50%. Por consiguiente, una reforma fiscal, acompañada por un proceso de modernización de la administración tributaria, se torna indispensable para conseguir mejorar la distribución de la renta y alcanzar una mayor equidad distributiva.
Reforma del Estado. Hoy ya no se discute que el Estado juega un papel dinámico en la gestión y dirección de los procesos de desarrollo: el desarrollo requiere del Estado un enorme esfuerzo en educación, investigación y formación profesional. Por otra parte, para aumentar la productividad y la competitividad se deben realizar grandes inversiones públicas que mejoren la infraestructura económica de la sociedad, tarea que sólo puede ser emprendida por el Estado. Hace tiempo que en las sociedades modernas se comprobó que la eficiencia del Estado estaba directamente vinculada con la presencia de funcionarios profesionales designados por sistemas objetivos de selección. Se trató entonces de garantizar la capacitación y eficiencia de los cuadros, disminuir la injerencia de la política partidaria y asegurar la mayor imparcialidad de los que deciden. En consecuencia, la designación de familiares (nepotismo) y la asignación de cargos públicos a los correligionarios políticos (clientelismo) son prácticas anacrónicas. No sólo vulneran principios éticos sino que provocan gran ineficiencia y afectan la calidad y la transparencia en la gestión pública. En Estados Unidos la legislación reguladora del Servicio Civil en la Administración data ya de finales del siglo XIX, con la reforma emprendida por Pendleton en 1883. Casi 130 años después Argentina aún no ha podido acabar con las prácticas clientelares y el hábito de incorporar a familiares en la función pública.
Reforma sindical. En Argentina existe un régimen de monopolio sindical que impide la libre competencia entre organizaciones sindicales. La Constitución establece en el artículo 14 bis el derecho a "una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial". No obstante la ley 23551, que regula la actividad sindical en la Argentina, sancionada en 1988, establece que sólo un sindicato -el que tenga mayor representatividad- por sector industrial y dentro de una región geográfica específica puede tener personería gremial para negociar las convenciones colectivas de trabajo. El sindicato con "personería gremial" tiene otras ventajas: la obligación patronal de recaudar las cuotas sindicales y la tutela sindical que sólo protege a los representantes de sindicatos con personería. De esta manera, los sindicatos que no obtienen este reconocimiento se encuentran en clara situación de inferioridad frente a los oficialmente reconocidos.
La Organización Internacional del Trabajo ha efectuado diversos llamamientos al cumplimiento de los tratados internacionales, entre ellos el Convenio 87, que garantiza la libertad sindical. Argentina ratificó en 1960 el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y su contenido quedó incorporado a la Constitución con la reforma de 1994 junto a otros tratados internacionales que tienen preponderancia sobre las leyes nacionales. Ese convenio exige al Estado garantizar la libertad de afiliación sindical. A pesar de las periódicas exhortaciones de la OIT, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), que nuclea a más de un millón de afiliados, no consigue romper con el monopolio de representación que ostenta la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT), de conocida filiación partidista. La CGT ha venido actuando como un brazo sindical del Partido Justicialista al punto que su secretario general, Hugo Moyano, ha sido designado vicepresidente del PJ. La dirigencia de la CGT está sumamente desprestigiada por su connivencia con los gobiernos militares y diversas investigaciones periodísticas han revelado hechos que son indicios claros de corrupción. No obstante, debido al monopolio autorizado por la ley, la CGT no ha perdido influencia y ha logrado trabar el reconocimiento de la CTA.
Actualmente los sindicatos con personería gremial recaudan hasta el 2% de los salarios mensuales que se abonan a los trabajadores en concepto de cuota sindical y para la obra social del gremio como mínimo otro 9% (6% aportado por las empresas y 3% descontado al trabajador titular más el 1,5% por cada beneficiario). Algunos expertos opinan que el control que ejercen los sindicatos sobre esos fondos -que dan lugar al otorgamiento de concesiones a clínicas privadas para la atención de los afiliados a la obra social- es una de las vías del llamativo enriquecimiento de algunos dirigentes sindicales argentinos, dueños de estancias y propietarios de grandes empresas. Pero el mayor problema es la distorsión que en el juego democrático introducen unas organizaciones dotadas de poderosos medios económicos que utilizan luego desembozadamente para brindar apoyo al partido que ocupe el poder, a cambio de preservar el statu quo.
Si juzgamos al gobierno del matrimonio Kirchner por las reformas emprendidas para resolver estas viejas anomalías, el resultado es desolador. Ninguna iniciativa se ha emprendido desde una dirección política conservadora, que claramente ha reforzado los tradicionales mecanismos clientelares, mantiene una fuerte alianza con la CGT y no ha abordado el problema de la inequidad del sistema impositivo. Hasta que no exista un gobierno decidido a iniciar una etapa de modernización, Argentina seguirá debatiéndose entre el atraso y la mediocridad. Mientras tanto seguiremos esperando que una izquierda más pragmática entienda cuáles son los desafíos reales de la etapa.
ALEARDO F. LARíA (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Abogado y periodista
