Francis Fukuyama proclamó, a fines del siglo XX, el triunfo del liberalismo democrático como forma de organización político-económica y con ello la primacía del mercado. La caída de la Unión Soviética y la transformación capitalista de sus estructuras le daban el gran argumento a su particular visión de la historia.
Los empresarios, guiados por la búsqueda de mayor rentabilidad, decidirán en cada momento qué producir y cómo hacerlo, creando la oferta de bienes y servicios. Los soberanos consumidores, ansiosos por satisfacer sus necesidades y en función de preferencias personales, gastarán sus recursos configurando la demanda solvente. El mercado será el lugar de encuentro que fijará los precios y las cantidades, llevando al equilibrio de las partes. El Estado se limitará a establecer las reglas de funcionamiento y eventualmente crear la infraestructura necesaria como caminos, puentes y comunicaciones. El mecanismo es simple y universal; en cualquier lugar del planeta esta lógica puede funcionar y poco importan factores institucionales e históricos que pudieran condicionar su resultado.
Desde el origen de las sociedades modernas en la Inglaterra del siglo XVIII se ha reconocido que hay funciones de gobierno que no son delegables, tales como la defensa nacional, la administración de justicia y el sistema policial. Posteriormente se incluyeron la educación y la salud como tareas prioritarias del Estado. El auge neoliberal cuestionó parcialmente este planteo, pero en la actualidad se ha vuelto a admitir que estas prestaciones son responsabilidad básica del gobierno. La reforma del sistema de salud en Estados Unidos que intenta establecer Obama es un paso en esta dirección.
En la última década se ha acentuado la problemática de las denominadas "fallas de mercado", es decir aquellas situaciones donde las fuerzas económicas actuando libremente no logran resolver las necesidades colectivas. Dos de las más importantes son: a) la consolidación de los monopolios y/o oligopolios, formas de mercado que tienden a explotar al consumidor con precios altos y bajo nivel de producción. Todas las ventajas que se atribuyen a la competencia se diluyen cuando el poder económico se concentra en un lado y puede imponer las condiciones a los demandantes. Si observamos los mercados de la Argentina desde el lado de la oferta, el transporte de pasajeros, la producción de la mayoría de los bienes industriales, los supermercados alimenticios, la telefonía, los bancos y servicios financieros, la producción de petróleo, las exportaciones agroindustriales, etc, en todos los casos encontraremos un número reducido de empresas frente a muchos compradores. b) La teoría tradicional supone que los resultados de las transacciones económicas sólo afectan a los que participan de las mismas; sin embargo sus acciones pueden incidir en terceros. Tal es el caso de las empresas que deterioran el medio ambiente, que modifican condiciones naturales o que en general crean polución con sus actividades. Siempre en estas situaciones se hace necesaria la presencia del poder político que en representación de la sociedad limite y/o impida la nociva contaminación. Nuestra larga disputa con el Uruguay por su planta papelera es un ejemplo presente del tema.
En la actualidad hay otros desajustes de los mercados que provienen de las nuevas tecnologías; la información es hoy un bien o servicio en rápido crecimiento de consumo, suele ser costosa de producir pero muy barata de reproducir. Es común que se "bajen" de internet películas, música, programas de trabajo para las computadoras. El control de estos bienes es casi imposible, ya que copiarlos o emplearlos es casi gratuito.
Desde el siglo XIX, los gobiernos han tratado por la vía judicial de limitar los monopolios. En 1890, la ley Scherman en Estados Unidos prohibió la confabulación para restringir el comercio y la monopolización en el mercado interno. Los tribunales consideraron que los acuerdos de las grandes empresas para mantener los precios a un nivel determinado eran ilegales "per se".
En nuestro país, la primera ley en defensa de la competencia fue durante la presidencia del general Juan D. Perón. Identificada como la "ley del agio", fue aplicada en 1951 y 1952 para frenar las presiones económicas que cuestionaban el gobierno. En junio de 1974 se promulgó la ley 20680, denominada de Abastecimiento, que complementaba la anterior, habilitando al Estado para establecer precios máximos y mínimos, márgenes de utilidades, prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país, etc. Finalmente en 1999 se dictó la ley de "Defensa de la Competencia", cuyo objetivo era sancionar las conductas de empresas que limitaran, restringieran o distorsionaran las bases de los mercados competitivos. Este mismo orden legal dispuso la creación de la "Comisión Nacional de Defensa de la Competencia", que protagonizó una larga disputa con Repsol-YPF, imponiéndole una multa de 109,6 millones de pesos-dólares por fijar a los consumidores argentinos precios hasta un 44% más altos que los que cobraba por el mismo producto en los mercados externos.
La discusión más amplia sobre las fallas de mercado tiene larga data en la ciencia económica. Joseph A. Schumpeter, a mediados del sigo pasado, sostenía que los ataques a la concentración de mercados no tenían en cuenta la dinámica del capitalismo. Las grandes empresas son las creadoras de innovaciones tecnológicas, las que introducen nuevos productos o procesos de elaboración y durante un tiempo usufructuando de la posición dominante en los mercados. Luego otros competidores imitan al innovador y el monopolista pierde su condición de tal. Para crear nuevos bienes o servicios necesariamente hay que tener gran capacidad económica, elemento ausente en la pequeña empresa competitiva diría el profesor Schumpeter. En esta línea argumental se reconoce que el capitalismo como sistema se concentra desde sus inicios, sin embargo el progreso en la construcción de la sociedad industrial es gigantesco, aun cuando se arrastren todas las contradicciones de la desigual distribución de la riqueza.
En su importante libro "El nuevo estado industrial", John Kenneth Galbraith ya sostenía la caducidad de la noción de mercado competitivo que sobrevivía sólo en los manuales de economía como caso excepcional.
Su crítica a la supuesta "soberanía del consumidor" que, en función de sus preferencias compra o no compra, está basada en la manipulación de la demanda que hacen las grandes empresas por vía de la publicidad, la organización de las ventas con equipos de especialistas y en las poderosas redes de distribución. Toda esta presión condiciona la conducta del adquirente, tratando de que compre lo que se produce, para evitar la incertidumbre y favorecer a las corporaciones.
La complejidad de las demandas de nuestra sociedad contemporánea necesita de la organización de los ciudadanos por sí mismos; esto es lo que pareciera haber premiado la academia sueca al otorgar este año los premios Nobel de Economía a Elinor Ostrom y Oliver E. Willamson. Los autores han transmitido la idea que las transacciones o intercambios no sólo se producen en los mercados sino en múltiples espacios donde no intervienen el Estado ni las empresas. La profesora Ostrom demostró el valor de la propiedad común de los usuarios, superando toda interferencia externa ya que "?trabajando juntos pueden construir confianza y respeto y pueden ser capaces de solucionar problemas". La laureada es en realidad una docente de ciencias políticas y tiene una mirada más amplia que los límites ortodoxos de la economía. Los clubes de barrio, las asociaciones voluntarias sin fines de lucro que realizan tareas comunitarias y diversas formas de cooperativas son ejemplos de estas posibilidades. En sus trabajos se refieren a la gama de recursos que se pueden compartir, como bosques, lagos y sistemas de irrigación, que permiten organizarse fuera de los beneficios individuales.
Mario Bunge resume la posición de la Dra. Ostrom, expresando? "casi todos los economistas sólo reconocen dos regímenes de propiedad, la privada y la estatal. No les interesa la tercera opción, la propiedad colectiva autogestionada, la que escapa tanto a la garra del gran capital como a la del Estado autoritario".
Si bien estos aportes de los Nobel son sin duda interesantes, no nos caben dudas de que el Estado como poder político tiene que regular y/o controlar los mercados donde se pueda explotar a los consumidores así como asumir la estricta defensa del medio ambiente.
(*) Economista. Docente de la UNC
