Es una impulsora ferviente del concepto de que la Justicia tiene que ofrecer múltiples puertas para que la gente pueda acceder con la menor formalidad posible. Allí, en el edificio de la Corte, abrió una Oficina de Atención a Casos de Violencia Familiar y Doméstica que funciona las 24 horas del día los 365 días del año. Cubriendo todos los turnos, médicos, abogados, psicólogos, asistentes sociales reciben denuncias, hacen un asesoramiento y acompañamiento en el interior del Palacio de Tribunales y realizan en horas un informe de riesgo que en cualquier otra jurisdicción demora meses. Y días atrás concluyó una charla en Roca con una frase que generó una ola de rumor y un cerrado aplauso: "Si el Poder Ejecutivo hiciera lo que tiene que hacer, yo no estaría en esto".

Es obvio que Elena Highton de Nolasco no está dispuesta a ser un juez convencional. Asegura que no hace más que seguir las políticas fijadas por la Conferencia Nacional de Jueces a fines del 2007, pero -si así fuera- todos actuarían como ella, y no es frecuente que así sea.

Entre una actividad y otra, habló con "Río Negro" sobre las razones de su especial orientación por el sufrimiento de la gente y sobre el abordaje judicial de episodios de protesta social.

- Los temas de violencia doméstica o familiar y los de acceso aluden a una gran preocupación suya por el sufrimiento de las personas. Me pregunto cuánto de esto tiene que ver con sus comienzos en la carrera judicial como defensora de incapaces.

- Mi preocupación por el acceso a justicia existe desde siempre. Sí, empecé como defensora y por ello también mi preocupación por los menores. Por eso también estoy dando prioridad a los expedientes donde hay menores involucrados. Estamos tratando con algunos grupos de mejorar la situación de los menores tanto en casos civiles como penales, que son los chicos institucionalizados. De acuerdo con la nueva ley estarían teniendo otros regímenes pero, realmente, están en situación de verdadero abandono. Pero deriva también de la justicia en general, de ser juez. Y, sobre todo, de comprender la función judicial como algo que va más allá de dictar sentencias. Ciertamente la función principal es la jurisdiccional, y es para dirimir los conflictos en última instancia. Pero todos los conflictos no tienen que llegar a juicio. Debería ser al revés: todos deberían resolverse con formas menos cruentas -por decir así- y llegar a juicio sólo algunos. Pero creemos también que el dar acceso a justicia no es sólo deber de los jueces sino de todos los demás, salvo en casos que llegan a la sentencia.

- Usted es consciente de que esto que usted dice asombra y conmueve a más de un juez que no está convencido de que su función sea algo más que dictar sentencias, ¿no?

- Bueno... En este momento, en el país, ésta es una política pública del Poder Judicial -no sólo de la Corte-, del Poder Judicial argentino, definida en las conferencias de jueces. Aunque la Comisión de Violencia Doméstica de la Corte es previa -ya tiene cinco años aunque abrimos la Oficina al público hace un año-, toda la política de acceso a justicia con este criterio y la resolución alternativa de disputas es de fines del 2007. Entonces se reunió la Conferencia Nacional de Jueces, con la participación de la Corte nacional, de las Cortes provinciales, jueces penales, civiles, de paz... todos democráticamente -unos 500 jueces, ya que nunca caben más en ningún lugar- decidieron esta política pública del Poder Judicial por consenso absoluto. Por eso está todo el mundo embarcado en esto. Creo que hay una conciencia de los jueces que va más allá de la sentencia. Alguno individualmente, no sé, habrá que ver...

- En su exposición sobre la Oficina de Violencia Familiar y Doméstica llamó la atención el elevado concepto práctico y operativo, de eficiencia, de la Oficina. Mi preocupación, con respecto a otros cambios que se están produciendo, es que terminen siendo sólo de forma. Que no consistan en abrir nuevos organismos, como oficinas que sólo reciben quejas pero que no den solución.

- Bueno, si uno abre una oficina y da un servicio que sólo genera frustraciones, mejor no abrirla.

-Por eso. Creo que en alguna medida cualquier cambio tiene que luchar contra esta tendencia a la inercia.

-Sí, contra la burocracia. Por eso yo, seré doctrinaria y teórica y profesora... pero soy práctica. ¡A las cosas! Y la verdad es que se han ejecutado cosas. Me parece que ya se acabó el tiempo de hablar solamente. Ahora hay que actuar, hay que hacer.

- A raíz de algún caso que se ha dado en la zona, vemos que -cuando la víctima es un niño o niña- por procurar proteger a la víctima se toman tantas medidas -como la irrepetibilidad de la cámara Gesell, el no someterla a un reconocimiento del lugar o a una reconstrucción del hecho- que se termina a veces conspirando contra la posibilidad de llegar a una condena porque se impide la producción de prueba.

- En realidad, hay que encontrar el equilibrio. Ciertamente, en algunos casos particulares no es fácil. Pero, en general, si la víctima está tan dañada psicológicamente que no se puede producir ninguna prueba con respecto a ella, da la impresión de que la prueba tendrá que ser bastante amplia en otro tipo de elementos, porque la prueba no es sólo repetir y repetir hasta el cansancio el testimonio de la víctima.

- En estos tiempos se multiplican en el país las tomas de tierra y protestas sociales con cortes de rutas y caminos. ¿Hasta qué punto este tipo de fenómenos sociales afecta y modifica el modo de trabajo de los jueces, el modo en que asignan sus prioridades, el modo en que realizan su tarea?

- En principio, los jueces tienen que estar en todo. Las decisiones serán acuciantes sólo cuando haya algún menor dañado, alguien preso o un riesgo inminente. Fuera de eso, es ir caso por caso. Los jueces están, aun en última instancia, para resolver conflictos. Claro que no se trata de que, como están en esa última instancia, todos los conflictos que nadie ha podido resolver -aunque sean políticos, de autoridades o de otro tipo- los tengan que resolver los jueces.

- De alguna manera, lo que tratan los jueces es de correrse de lugar en este tipo de casos...

- No, los jueces están para tratar todo tipo de cuestión que les es sometida. Esto lo digo como criterio general...

- Pero este tipo de conflictos que tienen que ver con lo social ¿obliga a los jueces a interpretar de otro modo la letra fría de la ley?

- La interpretación de la ley siempre tiene un marco amplio de posibilidades, porque las circunstancias van cambiando. Los jueces, dentro de la interpretación y con los pies en la realidad y no en la torre de marfil como hacían los jueces de antes, tendrán que ir resolviendo.

- Resolver pasa también a veces por apelar a los otros poderes a que hagan también lo que deben hacer, ¿no?

- En este momento la Corte Suprema está implementando un constitucionalismo activo en el sentido de tener un diálogo interinstitucional, o diálogo de poderes. Al decir diálogo no aludo a llamar por teléfono. Sino diálogo porque desde la sentencia se dice: "Hace falta esta ley, hace falta esta política". Un ejemplo de eso fue la sentencia en el caso del Riachuelo, se dijo que faltaban políticas adecuadas. También con los temas previsionales y el haber de los jubilados dijimos "hagan la ley donde se establezca la actualización". Y con las subrogancias de los jueces planteamos que hacía falta una ley, que se dictó, aunque todavía falta la lista. Hay un activismo de la Corte que está saliendo al frente de muchos asuntos. Los tiempos cambian, y la Corte también.

 Entre el estrado y la academia 

Elena Highton nació en Lomas de Zamora hace 66 años y estudió Abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Pero tiene una relación afectiva con el norte de la Patagonia, debido a que está casada hace 43 años con Alberto Mario Nolasco, nacido en Plaza Huincul, un médico que se jubiló hace algunos años. Con él tiene dos hijos: una es abogada y, el varón, ingeniero.

Sus antecedentes académicos son notables: se recibió de abogada y escribana con diploma de honor en la UBA, en 1970, y desde entonces sumó cuatro doctorados y diecisiete posgrados en el país y en los Estados Unidos, además de gran cantidad de cursos y especializaciones orientados sobre todo a la resolución alternativa de disputas y a cuestiones de familia.

Participó como coautora de toda la legislación sobre estos temas en los últimos veinte años y es autora de más de veinte libros.

Nunca dejó su carrera docente en la UBA, donde además ha ocupado cargos jerárquicos en la Facultad de Derecho.

Durante años, pese a todas estas actividades, practicó la natación como deporte al menos dos veces por semana.

Su apariencia física frágil resulta rápidamente superada por una personalidad firme, casi severa.