La intendente Sapag asumió en una mañana un par de decisiones, que a otros pudiera haberles costado bastante más digerir. El tiempo dirá si hizo bien o mal. De lo que no hay duda, es de que hizo...

El corte de la Ruta 234 del pasado martes fue protagonizado, a un tiempo, por vecinos del plan de las 120 viviendas, que reclamaban postergadas obras de electrificación, y por obreros de la constructora del mismo complejo, con quincenas impagas.

Mientras la cola de vehículos se contaba por 500 metros en el piquete, Sapag echaba culpas a la empresa constructora. En un comunicado oficial recordaba que ya en 2008 había completado las gestiones para obtener 1.800.000 pesos de Nación, destinados a los servicios eléctricos del barrio, los cuales seguían pendientes de terminación.

Luego revelaba que la clave del asunto era un supuestamente comprado transformador de potencia, que no había sido pagado en su totalidad por la constructora. La empresa desmentiría luego a la intendente, en tono de repudio y con una lista de incumplimientos que achacó al ADUS y al EPEN.

Como fuere, Sapag ignoró a la empresa y pidió al EPEN que iniciara la obra provisoria de electrificación. El asunto podría terminar en los tribunales.

La rápida reacción de Sapag, que dejó tan mal parada a la empresa, contrasta con las acusaciones de un supuesto amiguismo con la misma constructora, que la Comisión de Vecinos Sin Techo le endilgó a principios de año, por hacer presunta vista gorda sobre "vicios constructivos" del plan de las 120.

La imputación indignó a Sapag, que despachó cartas documento. Dos opciones, a la vista de los hechos: o la acusación de los "sin techo" fue infundada, o la intendente acabó de soltarle la mano a la empresa, que pertenece a una conocida familia local, frecuente adjudicataria de obras provinciales.

Otro capítulo es el dinero adeudado a los obreros, conflicto con el que el municipio no tiene relación. Sin embargo, Sapag asumió en este caso la segunda y más inesperada determinación.

Conviene recordar que la misma empresa es la que se encarga del relleno sanitario de la ciudad, tarea que paga el municipio. La intendente decidió adelantar a la firma 95.000 pesos como pago a cuenta de servicios por la disposición de los residuos, a condición de que el dinero fuera a las quincenas impagas de los albañiles. Sapag se encargó -según el parte oficial- de controlar ese raro enroque, que permitió levantar el piquete. Pero la empresa aseguró que ese dinero no podía ser considerado un anticipo, pues correspondía a una factura dentro de su vencimiento.

Anticipo o no, lo extraño es que el estado se haga cargo del salario de terceros, por arte de birlibirloque.

Algunos días antes, el municipio, la Uocra y un sector de desocupados habían acordado desarrollar una bolsa de trabajo para los obreros de la construcción. El objeto era afrontar la crisis de la obra pública y asegurar la paz social, amenazada incluso por alguna alarmante xenofobia con los trabajadores foráneos. Es difícil saber si ese antecedente pesó en el ánimo de la señora, para poner plata en baches ajenos al municipio, sobre todo cuando los recursos no abundan. En cualquier caso, Luz Sapag no dudó.

FERNANDO BRAVO
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