NEUQUÉN (AN).- Un grupo de más de 20 personas mantiene la ocupación de la tierra en torno de un pozo de YPF en Loma de la Lata, para exigir que la petrolera lleve los servicios básicos a las tierras que ocupan. La medida afecta el 10% de la producción. La empresa presentó la denuncia penal y el desalojo estaría al caer, ya que, según la provincia, no serían miembros de la comunidad Paynemil, a la que se le reconoció su ocupación tradicional en el lugar hace tres meses.

Las informaciones cruzadas hablaban además de un conflicto entre comunidades mapuches, más precisamente entre los Paynemil y una mujer a la que policías, funcionarios del gobierno provincial y la empresa -en la denuncia- identificaron como de apellido Mardones.

La empresa hizo la presentación judicial y envió una nota al secretario de Recursos Naturales, Guillermo Coco. Así las cosas, esperan que la situación se resuelva lo antes posible. No está en riesgo la provisión de gas.

Trascendió que un inspector que se presentó para hacer un control fue amenazado con un cuchillo.

Fuentes policiales y del gobierno provincial detallaron el relato de los empleados de la empresa de servicios petroleros que opera el pozo para YPF y que el jueves por la noche, a partir de la presión de un grupo de más de 20 personas, dejaron las instalaciones de la unidad separadora 9 de Loma de la Lata.

El subsecretario de Hidrocarburos de la provincia, Héctor Mendiberri, explicó que "la señora de apellido Mardones, que se quiere acreditar un derecho superficiario, junto con otras personas ocupó las instalaciones de la unidad separadora 9 de Loma de la Lata" y agregó que los operarios de YPF se tuvieron que retirar, generando un impacto en la producción del yacimiento del orden de los 2.000.000 de metros cúbicos menos al sistema nacional, equivalente al 10% de lo que entrega a la red.

"Río Negro" intentó comunicarse en varias oportunidades con la Confederación de Organizaciones Mapuche (COM) y con los representantes del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Originarios, pero los llamados fueron infructuosos.

El reclamo de los ocupantes es el cumplimiento de un supuesto acuerdo alcanzado con la empresa para la instalación de servicios básicos en el lugar. Sin embargo, YPF desconoció el arreglo y fue a la Justicia.

Al cierre de esta edición, una delegación de la policía provincial fue enviada al lugar. El desalojo, sin embargo, dependía de la decisión del Juzgado de Rincón de los Sauces.