CIPOLLETTI (AC).- "Me parece bien que se movilizan mientras no existan daños. Se puede reclamar, pero dentro del marco de la legalidad", dijo ayer Oscar Martín, el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), respecto de la decisión de la asamblea de chacareros de exigir reivindicaciones a las empacadoras.
Martín, desde su sede en CAFI, ante una pregunta, se refirió a la velada amenaza de cortes de rutas. "Productores somos todos. Habrá alguno que piense que cortando rutas va a lograr algo. Nosotros creemos que es fundamental canalizar la producción y no suspender la cosecha. No es positivo trabar el desarrollo de la producción porque evita el ingreso del esfuerzo de muchos".
Por último dijo Martín que hay "avances" en las negociaciones "paso a paso" con los gremios, y se trabaja en esa dirección "con sentido positivo".
Mientras, el intendente cipoleño Alberto Weretilneck, hablando sobre la problemática general frutícola manifestó que "se necesita un modelo de integración para salvar a la fruticultura".
Martín se refirió a los capitales de las empresas, por una de las objeciones surgidas de la asamblea. "La mayoría de nuestros socios son productores y cumplen varias etapas. Están identificados, integrados y se ajustan a todas las normas legales. Hacen grandes aportes a la actividad y eso es muy positivo", replicó Martín en declaraciones a LU19.
Weretilneck -las declaraciones fueron por separado- consideró que con subsidios, la situación de crisis "no se arregla" dado que el problema de los pequeños y medianos productores "es de fondo". Esto, porque nunca saben cuál será el precio ni en qué tiempo les van a pagar, y tampoco hay criterios técnicos estándares para el descarte.
"Hay que idear un nuevo esquema para los pequeños y medianos productores, que pasa por vincularlos en consorcios o asociaciones para la comercialización", dijo Weretilneck, considerando en esa línea que las leyes sancionadas (Contractualización, Transparencia y demás) "se han revelado insuficientes".
Según el intendente el Estado debe contribuir con infraestructura de uso común -por ejemplo, para la articulación de frigoríficos y galpones- y capacitación, y los municipios tienen que prever partidas para la compra de fruta en el contexto de sus programas sociales.
"La fruticultura volvió a ser tema de la agenda política nacional y provincial a partir de la crítica situación que atraviesan los fruticultores y de su amenaza de salir a las rutas ante el futuro incierto que se les presenta. La ayuda consiste en un paquete de 30 millones de pesos que se distribuirá entre los productores de Río Negro y Neuquén. Atender situaciones de emergencia, dar una respuesta en la coyuntura, es un buen paso. Pero no arregla el planteo de fondo", sentenció.
Para Weretilneck, se requiere de un esquema "más participativo", un modelo diferente del complejo frutícola, "más justo y equitativo, tiene que pasar por el fortalecimiento del eslabón más débil de la cadena". El Estado nacional -significó- debe revisar los costos laborales para pequeños y medianos productores "que hoy son excesivamente elevados", y los gremios relacionados con la fruticultura "tendrán que reflexionar hasta qué punto pueden tirar de la cuerda en sus reclamos; cuál es el límite entre las reivindicaciones y cuál pone en peligro la fuente de trabajo".
