La escasez de dinero es, en estos tiempos, la única razón de Estado en Río Negro. Es un mal con picos agudos estacionales pero que no puede sorprender a nadie en la administración de Miguel Saiz.

Su síntoma más evidente es el malestar de los empleados públicos, que se manifiestan en las calles en procura de cobrar su salario. Pero su más grave efecto es la ruptura de la cadena lógica -proyecto, desarrollo, evaluación y proyección- en las áreas más sensibles del Estado.

Las consecuencias irreversibles se miden, por eso, en los años que demandará recuperar la calidad de vida perdida por grandes sectores de la población.

Durante los últimos años el radicalismo rionegrino tomó el Estado como botín particular. Y, con total desprecio por las sanas prácticas de la administración de la cosa pública, abusó en designar a miles de empleados en cargos no justificados más que por el deseo de quedar bien con punteros políticos, familiares, amigos o adversarios proclives a buscar la mano generosa del poder.

El empobrecimiento provincial -medido tanto en términos de endeudamiento del Estado, déficit de inversión en capital y profesionales en la administración como en pérdida de chance del sector privado- no es un cataclismo de la naturaleza.

Como el desmonte, es el componente de actos humanos voluntarios que -unidos a contingencias naturales como la sequía y el viento- derivaron en que se arruinaran tal vez por varias décadas inmensas superficies de tierras ricas en el este rionegrino y el partido de Patagones.

Más que caso fortuito, la desertización suele ser el efecto natural de las acciones y omisiones de productores, funcionarios y consumidores.

Algo similar sucede con la "seca" financiera provincial.

La situación es preocupante. Saiz designó durante su gestión a siete estatales por día, un récord que no alude -lamentablemente- a la cobertura de médicos de especialidades críticas, cargos que están vacantes en numerosos hospitales.

En mayo de este mismo año, cuando la crisis económica mundial ya llevaba meses en los titulares, Saiz dispuso el pase a planta permanente de cuatro mil empleados, todos ingresados sin concurso y muchos de ellos funcionarios de designación política y unos cuantos con apenas un año en el Estado.

El ingreso irrestricto daña a todos los estatales del mismo modo en que un aluvión daña a un lago.

Hoy resulta difícil distinguir entre agentes públicos aptos y ñoquis. Todos están en los listados, con similares rangos salariales, sin evaluación que los distinga. Todos, también, sufren incertidumbre cuando el gobierno admite que no tiene recursos para afrontar la masa salarial de 150 millones de pesos por mes.

Todos se ven perjudicados. Además, claro está, de aquellos rionegrinos que no trabajan en el Estado pero que pagan sus impuestos para sostenerlo y pretenden ser usuarios de los servicios que tiene a su cargo.

Resulta obvio que, si la masa salarial representaba al inicio de la gestión Saiz un 50% de los gastos corrientes y ahora equivale al 63%, el crecimiento del empleo público se financió a expensas de las partidas de gastos corrientes no salariales y de obras públicas.

Fue la opción que eligió este gobierno. En lugar de fortalecer el Estado dotándolo de eficiencia, Saiz prefirió fortalecer su situación política relativa haciendo favores con dinero que no le pertenece.

Hoy, al no existir una política de obras públicas, la Uocra advierte sobre un crecimiento del desempleo y la retracción comercial resiente los propios ingresos fiscales. La falta de recursos impide al Estado cumplir con los pagos a médicos y clínicas -que amenazan con cortar la atención a las familias de estatales- y los hospitales, retrasados en actualización de tecnología e insumos, se ven complicados para satisfacer la demanda. Los jueces reclaman más recursos para cumplir su esquema de actualización salarial, pero al mismo tiempo los organismos del Ejecutivo que deben hacer informes sociales o psicológicos para numerosas causas judiciales apenas pueden funcionar, afectados por contratos laborales precarios, sin teléfono, vehículos ni otros recursos esenciales.

Son sólo ejemplos de una trama compleja.

Tan frágil es hoy la situación financiera de la gestión Saiz que hasta la misma Concertación política peligra, al quedarse el gobierno sin dinero para obras, subsidios, cargos y partidas especiales, que fueron los argumentos fundacionales de su base de alianzas.

Tal endeblez preocupa al gobierno, ante la perspectiva de que la cuestión financiera sea más precaria aún en el primer trimestre del año próximo.

Las gestiones vuelven a ser intensas. Y todas apuntan hacia Buenos Aires.

Allí, el gobierno nacional que más recursos ha concentrado en las últimas décadas, elude todavía tratar una ley de coparticipación federal que respete las previsiones de la reforma constitucional de 1994.

En lugar de permitir a las provincias financiarse, acaba de derogar la ley de Responsabilidad Fiscal, que las habilitará a endeudarse por encima de los topes que aquella establecía.

Ahora, la única solución que ve Saiz es pedir un préstamo a bancos privados por 200 millones de pesos, que sólo le permitirá aliviar en algo el interés que paga por el inmenso descubierto diario en el Banco Patagonia.

Cuando salga el crédito, el gobierno lo celebrará como un triunfo. Aunque la espiral de desfinanciamiento habrá dado un giro más cerrado sobre las cuentas rionegrinas, comprometiendo el futuro de numerosos proyectos productivos, educativos y sociales que no tendrán quién los solvente.