SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja interpuesto por la defensa del empresario barilochense Juan Gilio (84 años) y dejó sin efecto la posibilidad de realizarle un tercer juicio. El fallo, que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Raúl Zafaroni, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco, indica que la Corte "comparte y hace propios los fundamentos y conclusiones del dictamen elaborado por el procurador fiscal" Luis Santiago González Warcalde el 13 de junio de 2007, a cuyos términos se remite.

Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, haciendo lugar al recurso de casación interpuesto por la fiscalía, declaró la nulidad de la sentencia que absolvió a Gilio disponiendo el reenvío para que, con distinta integración del tribunal y del ministerio público fiscal, se inicie un tercer juicio. Contra esa resolución la defensa interpuso un recurso extraordinario federal, y contra su rechazo por el STJ interpuso el recurso de queja que fue aceptado por la Corte.

Inicialmente la Cámara Segunda en lo Criminal de esta ciudad condenó a Gilio a nueve años de prisión por ser autor culpable del delito de promoción a la corrupción agravada por la edad de la víctima. Esta sentencia fue anulada por el STJ a raíz del recurso interpuesto por la defensa, disponiéndose la realización de un nuevo juicio.

Celebrado éste, se decidió la validez del alegato donde el fiscal retiró la acusación contra el procesado, que fue absuelto. No obstante, el fiscal impugnó su propia actitud, siguiendo las instrucciones de la procuradora general de la provincia, Liliana Piccinini, y el STJ declaró nula la sentencia y ordenó un nuevo juicio, que no se realizará.

Gilio fue denunciado en enero de 2001 por una niña de 12 años que relató que su madre la obligaba a tener relaciones sexuales con hombres, y que las había tenido en tres oportunidades con él. El juez Gregor Joos lo procesó por promover o facilitar la prostitución de una menor de 13 años y poco después su consorte de causa, Susana Montenegro, de 37 años, le reclamó al empresario que reconozca la paternidad de dos de sus hijas de 3 y 4 años, y las niñas fueron reconocidas.

En la primera sentencia Gilio fue condenado a 9 años de prisión, y a Susana Montenegro le impusieron 10 años de prisión, por su carácter de ascendiente de la víctima.