Viernes 20 de Noviembre de 2009 18 > Carta de Lectores
Clima de inseguridad

En comparación con Río de Janeiro y Caracas, Buenos Aires sigue siendo una ciudad relativamente segura, lo que no es ningún consuelo para los porteños que se creen frente a una ola de delincuencia irrefrenable. Peor aún es la situación en el conurbano bonaerense en que viven nueve millones de personas, tantas como en Bolivia y más que en Paraguay o Uruguay, donde todos los días se informa de crímenes atroces, muchos de ellos cometidos por menores de edad que matan a sus víctimas con indiferencia aterradora sin preocuparse por las consecuencias. Se trata del efecto de la proliferación del paco y de una subcultura nihilista que en nuestro país ha adquirido una intensidad alarmante. No extraña, pues, que una vez más estén cobrando mayor intensidad los reclamos de quienes piden "mano dura" y que muchos políticos, incluyendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se hayan comprometido a impulsar medidas en tal sentido. Como dijo Scioli hace un par de días, "o me hago eco del clamor por más seguridad y justicia" o "no se va a poder ir revirtiendo" el aumento de la delincuencia", pero si bien sería comprensible que la policía, cuyos efectivos están entre los blancos predilectos de criminales despiadados, comenzara a actuar con mayor severidad, no hay motivos para suponer que el "gatillo fácil" los ayudaría a restaurar cierta tranquilidad en el conurbano.

Como a esta altura Scioli y otros dirigentes políticos entenderán muy bien, combatir la criminalidad no es nada fácil en una sociedad como la nuestra en que una parte sustancial de la población está hundida en la miseria, escasea el empleo para quienes carecen de calificaciones básicas, hay zonas dominadas por narcotraficantes, los ciudadanos honestos no confían ni en la policía por creerla irremediablemente corrupta ni en el sistema judicial supuestamente "garantista" que efectivamente existe y se ha generalizado el temor a que debido a una crisis política profunda el país está por entrar en un período muy conflictivo. Es que el "clima de crispación" del que tanto se habla incide no sólo en el lenguaje utilizado por los representantes de las distintas agrupaciones partidarias sino también en la conducta de sindicalistas, piqueteros y, desde luego, muchísimos otros a los que no les interesan en absoluto las vicisitudes del drama político nacional.

Cuando voceros del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no quieren brindar la impresión de estar intentando minimizar la gravedad del problema planteado por la delincuencia, lo atribuyen a las deficiencias de la administración local -sobre todo si, como la porteña, está manejada por políticos opositores a los que quieren hacer tropezar- o a la desocupación que dan a entender es fruto de los errores a su juicio perpetrados antes de su llegada por "neoliberales". En parte tienen razón, ya que no cabe duda de que todas las instituciones administrativas del país, tanto las municipales y provinciales como la nacional, son decididamente ineficaces, mientras que es innegable que el pleno empleo ayudaría a reducir la cantidad de delitos, pero tales reflexiones no sirven para mucho. Puesto que para el gobierno nacional la prioridad consiste en asegurar que otros tengan que pagar los "costos políticos" de la delincuencia, a veces parece decidido a frustrar los intentos ajenos por combatirla, lo que ha hecho procurando obstaculizar los esfuerzos del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri por poner los toques finales a la organización de la nueva Policía Metropolitana. Por lo demás, muchos distritos se han visto perjudicados por la costumbre kirchnerista de privar de recursos a los gobiernos provinciales y municipales con el propósito de recordarles que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, si bien sería injusto culpar al gobierno kirchnerista del aumento reciente de la desocupación, no lo es criticarlo por su falta de interés en tomar las medidas que serían necesarias para atenuar su impacto. Se trata de una asignatura pendiente que todos los gobiernos de las últimas décadas han sido reacios a enfrentar, acaso por entender que les sería inútil emprender una tarea que requeriría dotes administrativas que no poseían.

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