En el intrincado fin de año que se avecina la calle se ha convertido en territorio en disputa. Y el gobierno -jaqueado, mantiene la iniciativa aunque suene contradictorio- parece haber optado una vez más por privilegiar su relación con el sindicalismo tradicional. Con un flash, reflejado en el apretón de manos entre el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y uno de los líderes del piqueterismo K, Luis D´Elía, cuando anunciaron una movilización para el próximo viernes contra supuestos intentos ¿desestabilizadores? La manifestación no alcanzó a organizarse: apenas minutos después de la foto fue desarticulada por pedido de la presidenta, inquieta por ¿desenmascarar? intereses que contribuyen a la irritación que se va apoderando de una población harta de soportar cortes de tránsito y hechos delictivos.

Inerme la oposición política en el Congreso -por lo menos hasta la renovación del 10 de diciembre-, distintos gremios de base corrieron por izquierda a la administración de Cristina Fernández. A través del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ésta revalorizó en el conflicto del subte a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en contra de los delegados dirigidos por Néstor Segovia, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), quienes vienen reclamando personería con huelgas que afectan diariamente a más de un millón de personas.

Con ánimos que presagian choques, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, siguió diciendo que el gobierno alimenta el clima de violencia pero que también hay sectores que están conspirando para que el actual mandato constitucional finalice mucho antes del 2011. En ese contexto, se enfrentó ante la jueza María Servini de Cubría con Eduardo Duhalde, agraviado por dichos suyos que lo vinculaban con la droga en la provincia de Buenos Aires.

El pleito quedó zanjado, pero periodistas que fueron citados como testigos y luego hablaron con los dos reprodujeron significativos diálogos.

"Usted es la piedra en el zapato de cualquier posibilidad de acuerdo en el país", habría enrostrado el dirigente justicialista que pretende desbancar a Néstor Kirchner en el PJ.

"Jamás voy a acordar con usted, uno de los responsables de impedir que las nuevas generaciones podamos sacar esto adelante", es el retruque que se le atribuyó a "Lilita".

El adjunto de la CGT, Juan Belén, puso a salvo a Duhalde de cualquier propósito para "derrocar" a Cristina. "Es un demócrata", interpretó. Horas más tarde, Juan Schmid, secretario de capacitación de la central obrera moyanista, cargó las tintas sobre las espaldas de Carrió y de dirigentes de la Mesa de Enlace agropecuaria, uno de los cuales, Mario Llambías, tuvo un fuerte contrapunto con el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

"Se la pasan hablando de bandas armadas. Quieren hacer ver -señaló Schmid- que en el país van a desembarcar los barbudos y que nos van a mandar a sembrar café a todos los argentinos".

Los gremios encuadrados en la Confederación General del Trabajo se sienten complacidos con el gobierno de los Kirchner. Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica, comentó que cuando asumió como secretario general la entidad tenía apenas 25.000 afiliados y que hoy esa cifra trepa a los 270.000, en la mayoría de los casos con empleados calificados.

"No puedo dejar de hacer notar que (los Kirchner) no fueron agresivos con el movimiento obrero: rescataron salarios y dieron vuelta el sistema previsional", reconoció la diputada Graciela Camaño, esposa de Luis Barrionuevo, aliado de Duhalde y enemigo declarado del matrimonio presidencial.

Y, si bien el kirchnerismo tratará de sacar tajada de su enfrentamiento con "los grupúsculos" de la izquierda más radicalizada, hay dirigentes -es el caso de Edgardo Depetri- afines con el modelo K que están tratando de ampliar los sujetos sociales en los ámbitos más contestatarios.

En el caso de subterráneos, los delegados rebeldes están evaluando si continúan con sus protestas salvajes. En diciembre vencen sus mandatos y perderán fueros. Paralelamente, Tomada intimó a Metrovías a prestar un servicio mínimo, considerado esencial, bajo la advertencia de que le podrían quitar la concesión y estatizarlo como se hizo con Aerolíneas Argentinas.

Hubo, por otra parte, quienes leyeron la escenificación hecha por Moyano y D´Elía como un aviso para "asustar a la clase media" luego de los comentarios persistentemente negativos contra el gobierno de los principales medios de difusión. No fue inocente la proclama del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en el Parlamento: "No nos vamos a ir ni nos van a echar".

Miguel Pichetto cruzó a artistas y conductores televisivos que promueven una marcha contra la inseguridad. Tras considerar que "hay un tufillo parecido al que se padeció en el 2001", el senador por Río Negro afirmó que la gran prensa perdió objetividad. "Editan boletines de guerra", sentenció.

Mientras la sociedad padece de nervios alterados, el gobierno cumplió silenciosamente otro objetivo: cerró filas y prorrogó por dos años la emergencia económica (con auxilio de los legisladores de Alberto Rodríguez Saá) y se aseguró así el financiamiento público. "Desde este punto de vista la gobernabilidad está garantizada", respiró Kirchner, quien sigue ufanado de su contabilidad de almacenero.