VIEDMA (AV)- Hoy a las 9.30 comenzará el juicio contra la funcionaria de Fiscalía de Estado, Sandra Bombardieri. Se le imputa el delito de "fraude a la Administración Pública por administración fraudulenta", por autorizar un pago superior a los dos millones de pesos de más de lo que correspondía al estudio del abogado viedmense Juan José Zalesky.

El tribunal estará integrado por los camaristas penales Susana Milicich de Videla y Eduardo Ignacio Giménez y el laboral Ernesto Rodríguez. Este magistrado subrogará a la jueza María del Carmen Vivas de Vásquez, quien no forma parte de este tribunal por haber resuelto apelaciones planteadas en el marco de esta causa durante su investigación.

En principio son tres las audiencias previstas para este juicio y más de 10 los testigos citados, en su mayoría abogados. Entre ellos figuran Raúl Bruno, Juan Carlos Montecino, el ex fiscal de Estado, Sergio Ceci, María José Gilardi y Liliana Staforini; además de empleados y letrados de la Fiscalía de Estado, como Eduardo Martirena, Lucrecia Rodrigo, Sergio Pérez Becchio, Natalia Faluggi, Cosme Nacci, Gabriel Abayú, Gladys Macre y Mario Molina, entre otros.

Como fiscal de Cámara actuará Adriana Zaratiegui y Manuel Maza como defensor de Bombardieri.

Para esta primera audiencia está prevista la indagatoria de la imputada, quien accedería a declarar.

Además han sido citados testigos que cumplen funciones en la Fiscalía de Estado.

Durante la instrucción de esta causa se detectó que a partir de la sanción del decreto-ley 1/04 posteriormente convertido en la Ley N° 3.868, el Estado provincial dispuso devolverle a los agentes de la administración pública las sumas descontadas por aplicación de la norma previsional N° 2.990. Esas devoluciones eran en efectivo y en títulos Bogar, aplicables en aquellas causas judiciales concluidas y homologadas judicialmente.

Bombardieri era jefa del departamento de Asuntos Judiciales de la Fiscalía y como tal tenía a su cargo las estrategias a seguir en los juicios y la distribución de los expedientes judiciales entre los letrados a su cargo, supervisión y acceso a las actuaciones judiciales en las que era parte el Estado provincial.