SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La directora de inspección general del municipio, Gabriela Costa, admitió ayer que la venta ambulante en la ciudad funciona al margen de cualquier control y por eso trabaja a paso acelerado para poner en vigencia la ordenanza que encuadra la actividad.
La primera necesidad es que el Ejecutivo emita la obligada reglamentación, que Costa espera tener lista antes de fin de mes. Aunque la palabra final la tendrán la asesoría letrada y el intendente Marcelo Cascón.
La ordenanza fue sancionada en abril de 2007, pero por su complejidad y por falta de voluntad política jamás fue aplicada. Prevé dos modalidades de venta callejera, según sea "itinerante" o en puestos fijos, que el municipio debe licitar y concesionar a cambio de un canon anual.
Los vendedores de panchos, choripanes y de otros artículos no comestibles se multiplicaron en el último tiempo favorecidos por la ausencia de fiscalización, lo cual genera periódicas quejas de los comerciantes, afectados por la "competencia desleal".
Actualmente el desmanejo de la actividad priva al municipio de un ingreso extra, que no le vendría mal dada el creciente déficit de las cuentas públicas.
Pero no es eso lo que más preocupa a Costa, sino el riesgo constante de que algún cliente se intoxique por alimentos en mal estado. "La verdad es que no puedo dormir por esto, así que me puse a trabajar para resolverlo cuanto antes", dijo la directora.
Aunque la reglamentación de la ordenanza no es su responsabilidad directa, decidió hacerse cargo para acelerar los tiempos.
En noviembre de 2008 la entonces directora de Gobierno, Guillermina Alaniz, informó que el municipio había concluido en esa fecha un relevamiento de vendedores ambulantes y que la ordenanza entraría en plena vigencia en marzo de este año. Pero el plazo venció largamente y todo sigue igual.
Costa dijo que la reglamentación debe establecer los sectores a licitar para los puestos fijos, además de otras condiciones y criterios que no fueron definidos en la ordenanza.
La comercialización de productos "no alimenticios" o de "reventa" estará limitada a los barrios altos de la ciudad. De la calle 25 de Mayo hacia el lago sólo será posible vender alimentos, en locaciones fijas o recorridos preestablecidos. Esa sola regla ya generará rispideces, porque hoy proliferan en el centro los vendedores de todo tipo de artículos.
En la zona "de 25 de Mayo hacia arriba" la reglamentación preverá cinco zonas y no más de dos vendedores por manzana.
Otras limitaciones llamadas a "recortar el mercado" son la prohibición de venta ambulante en el Centro Cívico, en los circuitos turísticos y en las avenidas Pioneros y Bustillo, donde hoy ya existen y son "un clásico".
Costa consideró que también será un condicionante fuerte el artículo de la ordenanza que exige tener 48 meses de residencia en Bariloche para acceder a una licencia de venta ambulante.
La transición no será fácil porque de la laxitud actual el municipio deberá pasar a un sistema que prevé sanciones severas. Por ejemplo el vendedor que cambie de rubro o se aparte del lugar asignado podría sufrir la quita automática del permiso y el decomiso de la mercadería. Si bien no es el único, el vendedor más emblemático de los que perviven a todas las intimaciones es el que a diario monta una verdadera parrilla al paso detrás del Centro Cívico. Su titular, esgrime un permiso otorgado por un funcionario de la gestión anterior.
El actual gobierno no le concede ninguna validez a ese papel, pero poco ha hecho para hacerle cumplir las normas. Costa reconoció que cuando la ordenanza está vigente deberán sacarlo "con ayuda de la fuerza pública", porque el irascible vendedor suele maltratar a los inspectores cada vez que intentan notificarlo de su infracción.
