La Cámara de Senadores volverá a sesionar el miércoles para debatir el proyecto que suspende los efectos de la "ley cerrojo" para permitir la reapertura del canje de la deuda de 2005 y las iniciativas oficiales que autorizan nuevos procedimientos para la obtención de ADN y la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos para facilitar la identificación de personas sustraídas durante la dictadura militar.
En la misma sesión, la cámara alta tratará la propuesta de despenalizar los delitos de calumnias e injurias, en tanto la Comisión de Presupuesto y Hacienda dará el visto bueno al proyecto de emergencia y las modificaciones al monotributo.
La reunión plenaria del 17 podría ser la penúltima del año, si el Poder Ejecutivo no decide prorrogar las sesiones ordinarias, que concluyen por mandato constitucional el 30 de noviembre o convoca a extraordinarias para el período que va de fines de este mes al 1 de marzo del año próximo.
La Cámara de Senadores adelantó en el último encuentro la fecha de la jura de los nuevos 24 senadores, que marcarán un nuevo perfil de la Cámara, y la llevó al jueves 26 de noviembre.
El corrimiento de la jura, que el oficialismo iba a pedir para el 1 de diciembre, era tomado como un indicio de que el gobierno abandonó la idea de estirar las deliberaciones hasta el 10 de diciembre, fecha en que aún tienen mandatos los senadores de la vieja cámara, donde todavía cuenta con mayoría.
En la jornada del próximo miércoles, el mayor interés del oficialismo estará concentrado en convertir en ley la apertura de la llamada "ley cerrojo", con lo que autoriza al gobierno a abrir hasta el 31 de diciembre del año próximo la prohibición establecida en 2005 de negociar el canje de títulos públicos por deuda.
Diputados aprobó por una amplia mayoría el 4 de noviembre que los tenedores de deuda que no ingresaron en el primer canje y estén interesados en participar del segundo, deberán suscribir un bono con una quita superior al 65 por ciento, que se instrumentó en la primera propuesta, a un plazo de 20 años.
También analizará el proyecto, conocido como ADN, que fija procedimientos para la obtención del ácido desoxirribonucleico en los casos de apropiación de menores durante la dictadura.
La iniciativa, aprobada el 4 de noviembre en Diputados, establece que cuando la "la presunta víctima", eventuales hijos de desaparecidos, se niegue a dar muestra de sangre, saliva, piel, cabello u otra forma biológica se procederá a un "registro domiciliario o a una requisa personal".
La iniciativa permite la búsqueda de elementos, como cabellos en peines, para obtener las pruebas que permitan la identificación fidedigna de las personas que pudieron haber sido sustraídos de su identidad de manera forzosa. El método es considerado no invasivo para sus defensores, aunque Elisa Carrió denunció que se trata de un método compulsivo. (DyN)
