El gobernador Jorge Sapag echó mano a 118 millones de pesos de la caja de ahorros, fondos recaudados por la extensión de los contratos petroleros a empresas que operan en la cuenca Neuquina, y generó una fuerte reacción entre sectores de la oposición por la medida implementada a través de un decreto.

El dinero, según dijo la ministra de Hacienda, Esther Ruiz, será destinado a saldar deuda con proveedores y, de ser necesario, a pagar el medio aguinaldo de diciembre a los empleados públicos.

No es la primera vez que en esta provincia se utilizan recursos extraordinarios para financiar gastos corrientes. En 1993, cuando gobernaba Jorge Sobisch, Neuquén recibió, tras un acuerdo extrajudicial con Nación, 614 millones de dólares en concepto de regalías de petróleo y gas mal liquidadas y 125 millones de dólares por las regalías hidroeléctricas.

En aquel entonces, los fondos ingresados por única vez representaban bastante más dinero del que ahora dispone Sapag. Los recursos que manejó Sobisch equivalían a un presupuesto adicional que mayoritariamente se evaporaron, según los resultados de las auditorías contratadas por el sucesor de Sobisch, el ex gobernador Felipe Sapag.

En el informe de FIEL producido en 1996 a pedido de Sapag, Ricardo López Murphy decía: "Los recursos extraordinarios obtenidos de diferentes fuentes (?) fueron utilizados para financiar un aumento en el gasto corriente. No debe sorprender que la provincia se encuentre en un estado de virtual colapso financiero al agotarse esos activos extraordinarios".

Sobisch aseguró que con esos fondos se financiaron la construcción del Ruca Che, la multitrocha Neuquén-Plottier, el puente Centenario-Cinco Saltos y la multitrocha Neuquén-Centenario. En estos trabajos se gastaron menos de 50 millones de dólares, la porción menor de la totalidad de los recursos. La mayoría de los fondos, en cambio, terminó en acciones en YPF, en empresas hidroeléctricas y en negocios financieros que resultaron ruinosos.

Cuando Sobisch dejó el gobierno en diciembre de 1995, la alcancía estaba sin dinero.

Tal vez motivado por aquel antecedente, el actual gobierno se preocupó por regular el uso de los nuevos recursos extraordinarios provenientes de la principal actividad de la economía provincial y consiguió respaldo legislativo de los sectores opositores. Mediante una ley estableció que los fondos petroleros no podían destinarse a gastos corrientes sino a obras de infraestructura. Sin embargo, con un decreto, el gobernador Sapag modificó el objetivo prohibido bajo la figura de una operación financiera.

La ministra Ruiz, al justificar la medida, insistió en que no se trata de un cambio de destino porque hay un compromiso de devolución de estos recursos que originalmente fueron destinados a obras de infraestructura para los municipios.

El costo del dinero para el Tesoro provincial es del 6% anual. Algunos intendentes se preguntan si, cuando se construyan obras en sus municipios, esa tasa de interés compensará el mayor costo por inflación de los proyectos previstos.

Los diputados de la oposición se sienten traicionados por este giro y anunciaron que llegarán con el caso al Tribunal Superior de Justicia para discutir la legalidad del decreto en cuestión.

Los legisladores no quieren dejar el antecedente de esta medida porque imaginan, ante un escenario de crisis como el actual, que el gobierno puede capturar más fondos de las nuevas joyas de la abuela. Algunos dudan de la capacidad de devolución del préstamo y otros quieren interpelar a la ministra de Hacienda.

Por las prórrogas de las concesiones ingresaron 415 millones de dólares.

Las finanzas han sido un problema central del gobierno durante este año y toman forma de embudo a medida que se acerca fin de año, un período que cerrará con un déficit de 300 millones de pesos, según el último valor difundido por Hacienda.

El gobierno acaba de proponer una reforma tributaria que podría mejorar la recaudación de los ingresos propios en unos 200 millones de pesos al año, según estimaciones que el gobernador hizo esta semana. El proyecto, que necesita respaldo legislativo en medio del enrarecido clima por el nuevo destino de los fondos petroleros, amplía el padrón de contribuyentes de Ingresos Brutos y sube la alícuota de ese impuesto para algunas actividades.

La tensión por los recursos crecerá acompañada por las demandas sociales en las próximas semanas. En el gobierno esperan un recrudecimiento de las exigencias salariales de los sindicatos de los empleados públicos y de los desocupados y sectores sociales excluidos del sistema, un escenario que se repite todos los años para las fiestas.

También aguardan con expectativa el ingrediente político que brindará el sobischismo con el acto organizado para diciembre en el Ruca Che. Una fuente cercana al ex gobernador dijo que Sobisch mostrará un discurso agresivo contra los dirigentes de los gremios estatales, a los que considera poco menos que sus enemigos.

"Hablará de las cosas que no habla Sapag", confió la fuente.

La elección de atacar a los estatales no es casual. Sobisch aún enfrenta una investigación judicial por la responsabilidad política de la represión policial en la que asesinaron al docente Carlos Fuentealba y en el entorno sobischista creen que el líder del sector no puede desplazarse tranquilamente por la provincia por culpa de algunos centenares de militantes de los gremios estatales que se ponen de acuerdo para atosigarlo cuando se muestra en público.