La característica esencial del régimen tributario municipal muchas veces está vedada al debate público, tal vez por su complejidad o por su supuesta pertenencia al núcleo de políticas inmodificables. Pero es ostensible que afecta en forma decisiva no sólo la salud de las cuentas públicas sino también la economía de los vecinos y el concepto que se forman sobre el rol del Estado.

Por eso resultó alentador que la naturaleza y el criterio de aplicación de la Tasa de Servicios hayan sido sometidos a audiencia pública, a partir del interés demostrado por un grupo de vecinos que se organizó a partir del último y abultado aumento.

La distorsión más grave que arrastró la tasa durante años no fue el congelamiento de los montos, origen de no pocos problemas para el tesoro municipal, sino su injusticia intrínseca. Al punto de que todos los inmuebles ubicados dentro de una misma zona pagaban el mismo importe: así fuera una mansión, un supermercado, una despensa o una austera vivienda monoambiente.

La ordenanza 1.800 estableció una suba del 188% y buscó corregir la iniquidad con alícuotas diferenciales para los comercios. Introdujo también castigos para los baldíos y una nueva zonificación. Esta última contenía gruesos errores y fue derogada por el intendente Marcelo Cascón.

Pero el problema de fondo es que la reforma, tan largamente amasada y discutida, se quedó a mitad de camino. Porque mantuvo tasas demasiado bajas para las grandes propiedades no comerciales, e incluso las empresas pagan -en proporción- menos de lo que deberían si el sistema fuera realmente progresivo.

El disgusto provocado por el aumento uniforme del 188% derivó en rebeldía fiscal y el índice de recaudación se derrumbó a un crítico 23%, que mejoró algunos puntos en los meses siguientes, aunque siempre por debajo del 40%.

Con todo este paquete sobre la mesa, la asamblea de vecinos decidió impulsar como cambio principal una reducción del 50% en el monto de la tasa, y exigen que tenga relación con el costo de los servicios prestados. Aseguran que con una medida así el municipio mejorará su recaudación en forma sensible.

El concepto confronta abiertamente con el expuesto por el secretario municipal de Economía, Federico Lutz, quien sobre el final de la audiencia formuló su propia propuesta para redefinir la tasa mediante la aplicación de una zona única y con importes fundados en el valor fiscal de cada propiedad.

El planteo de los vecinos incluye algunos supuestos algo forzados. El primero es que el municipio mejorará sus ingresos con una rebaja de la imposición. La experiencia indica que en el mejor momento del municipio (y con la tasa congelada) el cumplimiento apenas superó el 50%, de modo que no será tarea sencilla superar esa barrera sólo con bajar los montos.

La asamblea vecinal considera además que dos tercios de los contribuyentes hoy no pagan la tasa es porque los importes son demasiado altos y su economía doméstica se los impide. Dada la riqueza que circula en la ciudad es difícil compartir ese aserto, y lo más probable es que la franja de los no pagadores por imposibilidad sea mucho menor. Abundan en cambio los que tienen capacidad económica pero eligen el no pago como forma de castigo a un municipio ineficiente.

Lutz admitió que hoy el costo global de los servicios de la municipalidad es de 23,7 millones de pesos anuales y la recaudación apenas llega a los 10,2 millones. Una ecuación insostenible.

Su propuesta apunta a mantener la facturación en un valor similar, pero con una distribución distinta de cargas, según la cual el 34% de los 48.000 contribuyentes pagaría sólo el mínimo de 24 pesos (hoy sólo entran en esa franja el 6%), mientras que el 79% quedaría por debajo de los 100 pesos. Para el resto -las propiedades más grandes y valiosas, sin importar su ubicación- la tasa bimestral podrá llegar a los 15 mil pesos.

Lutz demostró que hoy existen inmuebles de valores fiscales muy dispares (con diferencias de hasta el 600%), que pagan exactamente lo mismo. Explicó que las cargas estarán regidas por "la solidaridad y la capacidad contributiva". Palabras estas que abominan los asambleístas, partidarios extremos de eliminar del gravamen cualquier semejanza con un "impuesto".

Aun con la razón de su lado, el gobierno deberá hacer un esfuerzo enorme de docencia y comunicación. No tendrá posibilidad alguna de implementar cambios de fondo en el régimen de tasas si no consigue descomprimir la hostilidad manifiesta de una parte de la comunidad, aunque sea poco representativa.

Es evidente que una mejora rápida en la calidad de los servicios sería más productiva que cualquier campaña de prensa. Pero aún así debería existir una serena autocrítica sobre el fracaso de la ordenanza y cuánto tuvo que ver la pésima comunicación.

Esa falencia también quedó expuesta en la audiencia pública. Una mujer opinó que el último incremento "debió estar acompañado de información precisa y detallada" sobre los gastos. "Si sabemos lo que se hace con nuestro dinero bajarían los niveles de conflicto", argumentó.

Dadas las urgencias que tiene el gobierno para achicar su déficit operativo, ya no existe margen para nuevos ensayos. Por eso, tan importante como diseñar una tasa progresiva y solidaria será la creatividad que ponga para convencer a los vecinos. No sólo a los más inquietos, sino a la mayoría indiferente.