Las leyes se hacen para ser respetadas. No obstante, es cada vez mayor el número de personas que, por razones de diversa índole, tienen a las leyes como un obstáculo a eludir.

En todas las estructuras, centralizadas y no, que componen la administración pública neuquina, uno puede advertir fácilmente que pasar por encima o a un costado de las leyes es una adicción de muchos funcionarios públicos, siempre deseosos de hacer las cosas con rapidez. Esos funcionarios son, sobre todo, rápidos. Fue así como Luis Manganaro, respondiendo a la voz de mando de Jorge Sobisch, hizo los contratos del Plan Integral de Seguridad (tan eficaz que cinco años después cualquiera puede notar la evidente disminución del delito en la provincia) por 50 millones de dólares en forma directa, sin licitación pública.

Manganaro traía esa experiencia de rapidez del Banco Provincia, que presidió durante varios años, con José Oser en la gerencia general y cuadros tan valiosos en el directorio como Carlos Sandoval y Oscar Oliva. En esa alcancía del Estado provincial -que Sobisch no quiso privatizar porque prefirió tenerla él- la compra directa de bienes y servicios, sin licitación ni, por consiguiente, transparencia, era y es la opción preferida.

Para ir al grano, hay un ejemplo iluminador que es la decisión de mantener dolarizada, a la caída de la convertibilidad, la parte más gruesa de la deuda de casi dos millones y medio de dólares con la empresa proveedora del sistema informático Bantotal, De la Robla y Asociados.

La supervisora de la instalación del sistema, Adriana Velasco, que hoy sobrevive en la gerencia general junto al presidente Omar Gutiérrez, se encontró a la caída de la convertibilidad con que el contrato con De la Robla estaba en dólares. Había que decidir cómo pagar.

El sentido común indica que, para tomar la decisión más correcta, era preciso pedir opinión a la Asesoría Legal, a la Gerencia de Sistemas, tal vez al Tribunal de Cuentas de la provincia, pero nada de eso se hizo. La decisión fue recurrir a la consultora ASSA, cuyo vicepresidente era el contador Abelardo Hoch, amigo de Sobisch, y que había colocado a Susana Yaramani como asesora de Velasco.

El experto designado por ASSA fue Claudio Schwartzman, quien presentó su dictamen, titulado "Replanteo Económico del Proyecto Bantotal", el 11 de marzo del 2002.

Al 31/1/02 la deuda ascendía a 2.485.158 millones de dólares. De la Robla pretendía cobrar 1.741.658 en dólares y sólo 721.000 en pesos. En el folio seis del dictamen ASSA propone que los conceptos de mayor peso económico sean pagados en dólares. En el número ocho propone mantener en 412.000 dólares el total de las facturas que adeudaba el BPN, que ascendía a poco más de 600.000 dólares.

Velasco aceptó esa propuesta sin objeción alguna y la envió al director de Administración, Sergio Pintado (quien sigue hoy en ese cargo), por nota del 22/3/02 para su pago.

La parte más gruesa de la deuda se pagó en dólares, a pesar de que las prestaciones derivadas del contrato se hicieron en el país. Por ejemplo el mantenimiento. En concepto de servicios se pagaron 1.207.500 dólares, aunque el personal que los prestó trabajó en la Argentina. En Uruguay sólo unas pocas personas trabajaron en esto.

Los llamados "servicios adicionales", relativos a la informatización de las operaciones de Comercio Exterior y Títulos, no se prestaron, de modo que no se podían pagar en pesos ni en dólares. El fraude de Temux en sus exportaciones demostró que Bantotal no tenía módulo de Comercio Exterior, sino simples asientos contables. Tampoco los tenía para Títulos, y por eso el alquiler de bonos Lebacs a la Cooperativa Santa Elena, del grupo Temux, fueron registrados en un "excel", que es un programa común y corriente que tiene cualquiera que compra una PC.

Si el Ministerio Público desea ocuparse de este presunto caso de abuso de autoridad, hay mucha más información.

JORGE GADANO
jagadano@yahoo.com.ar