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	Elena Highton de Nolasco estuvo acompañada en las charlas por el juez del Superior Tribunal rionegrino, Alberto Balladini.

ROCA (AR).- Para fortalecer la política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación orientada a abrir "múltiples puertas" a la resolución de conflictos, estuvo ayer en Roca la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco. Abierta y distendidamente brindó al mediodía una charla sobre la experiencia del primer año de funcionamiento de la Oficina de Violencia Familiar creada en el ámbito de la Corte y reflejó en estadísticas la grave realidad en torno del maltrato doméstico y del amparo -o desamparo- que ofrece el sistema judicial para esos casos. Por la tarde habló en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sobre "El rol de la Corte Suprema y el Superior Tribunal de Justicia en el acceso a justicia", analizando las diversas "puertas" que Río Negro ofrece para resolver situaciones de conflicto sin necesidad de llevar el caso a un juicio "tradicional". Destacó las numerosas vías posibles de resolución alternativa de conflictos que ponen a la provincia a la vanguardia en cuanto a "acceso a justicia".

En su exposición sobre violencia doméstica, realizada en el auditorio de "Río Negro", calificó la labor de la Oficina "como una colaboración para los jueces y un servicio a la ciudadanía".

Esa dependencia funciona durante las 24 horas en el centro porteño. En un año ha recibido a 6.000 víctimas de violencia familiar de los barrios más acomodados y más pobres de la Capital "para que quede claro que esta no es una cosa de pobres ni de marginados", enfatizó. "La mayoría de esas personas tiene secundario; el 15 por ciento de las mujeres tiene estudios universitarios. Hay que erradicar la creencia de que la violencia es cosa de brutos", afirmó.

El equipo de trabajo de la Oficina está integrado por 85 profesionales. Son médicos, abogados, asistentes sociales y psicólogos. Gracias a convenios con la Policía, Salud Pública y otros organismos pueden derivar en forma inmediata a las víctimas de los hechos más graves a refugios u hospitales. En todos los casos se elabora en forma inmediata un "informe de riesgo" y se deriva el planteo, si corresponde, a la justicia civil y/o penal, para que el juez competente comience a actuar en forma rápida y en base a ese informe obligatorio, que antes podía demorar meses. "Así se han tomado rápidamente miles de medidas preventivas en la justicia civil y propiciamos que en el ámbito penal se investigue un poquito más en profundidad", afirmó la jueza, admitiendo que por los altísimos índices de archivo de causas penales derivadas de hechos de violencia familiar "la gente se queja del maltrato en los juzgados porque denuncia y no pasa nada".