Otra vez, una causa judicial que investiga a funcionarios o ex funcionarios por presuntos actos de corrupción en el Estado rionegrino queda anulada de cabo a rabo y vuelve al comienzo.

La decisión de la Sala B de la Cámara del Crimen de Viedma de anular toda la instrucción de la investigación por la falta de rendición de más de dos millones de pesos correspondientes a los Planes de Empleo Rionegrinos no sorprendió. Lamentablemente, la ciudadanía de la provincia parece persuadida de que el camino hacia la justicia -cuando se trata de amigos del poder- está plagado de obstáculos. Y que quienes conducen los expedientes no siempre ponen en ellos el empeño y el rigor suficientes para llegar a desentrañar la verdad objetiva y para evitar que deslices formales o de mero trámite terminen derribando todo por la vía de las nulidades.

En esta causa puntual, referida a las presuntas irregularidades en la liquidación administrativa de los PER, resultaba evidente que el principal imputado, el ex director de Trabajo durante el período investigado, estaba en estos meses desbordado emocionalmente ante lo que consideraba una injusticia. Fuera o no verdad, Gustavo Otero ha manifestado hasta el cansancio su convicción de ser un "chivo expiatorio". Esto equivale a alegar que otros eslabones de la cadena de decisiones políticas -con mayor poder personal- no habrían tenido dificultades en mantener sus pies fuera del expediente penal.

En principio, ante tamaña presunción, la lógica indica que no bastaría para ello la presunta voluntad de los funcionarios, sino que hubiera sido indispensable cierta conducta omisiva por parte de quienes tuvieron control sobre la causa judicial.

Además, si tal afirmación fuera cierta, sería lógico suponer que la inestabilidad anímica de Otero habría comenzado a ser peligrosa para los dirigentes influyentes que hubieran debido acompañarlo -si no ocupar su lugar- como imputados por la defraudación o el incumplimiento de los deberes del cargo.

Veamos qué nos dice hasta el momento la realidad:

- En los últimos meses, Gustavo Otero realizó una serie de videos con cámara oculta, con la intención de involucrar a otras personas en las irregularidades cuya existencia no negó en lo esencial. Para los videos, resultó evidente que actuó en colaboración con el legislador Daniel Sartor, quien apareció él mismo en uno de ellos.

- El fiscal de Cámara, Juan Peralta, había pedido que se anulara la elevación a juicio de la causa de los PER, por entender que ese escrito no era congruente en cuanto a describir las conductas ilícitas que se les imputaban a los tres procesados -Otero y los ex directores María Miran y Ángel Poggi-. Pero la Sala B de la Cámara del Crimen -integrada por los camaristas Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera- hizo mucho más que eso: anuló todo lo actuado por la instrucción, retrotrayendo el expediente al período previo a las indagatorias. Esto tiene dos efectos inmediatos:

- Gustavo Otero deja de estar en condición de "procesado", con lo cual es previsible que su estado de ánimo se relaje y que considere satisfecho su expreso deseo de que "el poder" cumpliera con su supuesta obligación de brindarle amparo judicial.

- En su resolución, la Cámara le atribuyó en forma exclusiva la responsabilidad por las fallas del expediente al fiscal Ricardo Falca. Sin embargo, en los seis años en que la causa deambuló por los tribunales de Viedma, rigió el sistema tradicional, en el cual quien conduce el proceso es el juez. Condujo esta causa Pedro Funes, el magistrado cuyo pedido de juicio político fue desestimado días atrás por el oficialismo merced a la mayoría que posee en el Consejo de la Magistratura, pese a resultar probadas faltas severas en la tramitación de la causa Flavors y a la existencia de un informe de la Cámara del Crimen que le formularía reproches en otros expedientes.

- En cambio, el fiscal Falca es quien, meses atrás, promovió acción penal contra el legislador Daniel Sartor por presunto enriquecimiento ilícito en la causa iniciada por la denuncia de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini. En ese expediente, el juez Carlos Reussi ni siquiera ordenó pruebas, ya que enseguida invocó que, si bien Sartor fue funcionario o legislador provincial por casi diez años, durante unos meses fue ministro de la Nación, hecho que consideró suficiente para que la causa deba ser girada hacia el fuero federal. Su planteo todavía espera la resolución de la Cámara del Crimen.

- El fiscal de Investigaciones Administrativas, por su parte, ya mandó a archivo la investigación contra Sartor en esa jurisdicción. Lo hizo con una resolución que deja inmensos baches sin resolver. Por ejemplo:

a) Incluye como parte del patrimonio del legislador los supuestos ingresos de sus dos hijos, pero no señala en virtud de qué contrato laboral o renta de capital los percibieron.

b) Considera probado que Sartor tenía varios inmuebles antes de asumir su banca en 1995, a pesar de que no tiene de ello evidencia formal, no los incluyó en su declaración jurada original ni en las actualizaciones. Esto ya hubiera bastado para hacer jugar en contra del legislador las presunciones que habilita la ley de Ética Pública, además de atribuirle el ilícito previsto en el artículo 268 punto 3) del Código Penal.

En fin, dos conclusiones:

- En principio, el gobierno de Miguel Saiz -incluyendo a sus integrantes en el Poder Legislativo- no ha dado hasta el momento suficiente señal en favor de la transparencia en el modo en que se ejerce la función pública. Nada que permita suponer que promueve, o al menos tolera, que se investigue en sede administrativa o judicial a funcionarios sospechados de faltas tales como enriquecimiento desproporcionado o ilícito, peculado o negociaciones incompatibles con la función pública.

- No abundan en el Poder Judicial las evidencias de una actuación imparcial y ajustada a Derecho en las causas que involucran a personas ligadas al poder político.

Tal combinación vulnera los principios republicanos.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar