Por lo común, la muerte de una aerolínea estatal es un acontecimiento traumático, uno que da pie a polémicos malhumorados entre los partidarios del sector público y los paladines del privado pero, puesto que Líneas Aéreas Federales (Lafsa) nunca fue más que una empresa virtual, muy pocos perderán el tiempo procurando analizar los motivos de su próxima desaparición. Si bien la agonía prolongada de Lafsa aún no ha llegado a su fin, el viernes pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto para que fuera liquidada, de suerte que es reducida la posibilidad de que logre aferrarse a la vida por muchos meses más, aunque no sorprendería que los sindicatos aeronáuticos intentaran demorar el desenlace organizando protestas. En nuestro país, hasta las entidades burocráticas más inútiles pueden seguir figurando en el presupuesto durante décadas sin que nadie entienda muy bien para qué sirven. Hace más de tres años, el ministro de Planificación, Julio De Vido, informó al país que Lafsa no existía más, pero su no existencia no fue óbice para que recibiera 10 millones de pesos anuales. Ya que se ha decretado su deceso inminente, es de esperar que en esta ocasión sea liquidada de verdad.

Aunque el encargado de crear la línea fantasmal o, cuando menos, de anunciar la intención de hacerlo, fue el en aquel entonces presidente interino Eduardo Duhalde, el responsable auténtico del fiasco fue Néstor Kirchner, quien inició su mandato cuatro días más tarde y suponía que sería una buena idea que una línea aérea pública compitiera con Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban en manos de los españoles del grupo Marsans. Según Kirchner, era fundamental "terminar con los caprichos de los vuelos organizados por determinados grupos, en forma monopólica". Por su parte, en el decreto fundador que firmó, Duhalde juró que la razón por la que aceptó crear Lafsa era su voluntad de "asegurar un servicio para todos los usuarios, continuo y regular". Pero sólo se trataba de una fantasía. A pesar de la inversión de aproximadamente 40 millones de dólares y de contar con un plantel de casi 900 empleados, Lafsa no brindó servicio alguno ya que nunca tuvo un solo avión, aunque sí pudo poner su logo en el aire merced a una alianza pasajera con Southern Winds, una empresa que pronto se vio involucrada en un escándalo mayúsculo ya que, además de pasajeros, transportaba a España valijas repletas de cocaína.

A juzgar por el destino reciente de Aerolíneas, la que hace poco resultó devuelta al Estado con la aprobación de la mayoría que recordaba que por muchos años había sido una empresa pública de desempeño aceptable, fue una suerte que Lafsa no lograra levantar vuelo, ya que el país no podría darse el lujo de subsidiar a más empresas estatales inoperantes. Gracias en buena medida a la conducta tanto de los sindicalistas del sector como de los funcionarios que la administran, los servicios brindados por la línea de bandera nacional han sido escandalosamente malos y no hay motivos para prever que mejoren en el futuro. En efecto, pocos días transcurren sin que haya incidentes debido a demoras de los vuelos de Aerolíneas que provocan la ira comprensible de hasta los viajeros más abnegados. Y como si tales síntomas de inoperancia ya no fueran más que suficientes, parecería que integrantes del gobierno kirchnerista y sus amigos toman a Aerolíneas por una empresa de aerotaxis oficiales que pueden usar para ir a sus casas en lugares alejados de la Capital o para llevarlos a ver partidos de fútbol, como el disputado entre las selecciones de Argentina y Uruguay en Montevideo. Así las cosas, no es del todo sorprendente que para sobrevivir Aerolíneas necesite un subsidio mensual multimillonario. Es verdad que en el mundo entero el negocio aeronáutico está pasando por un mal momento debido a los costos elevados del combustible y que en otros países, comenzando con España, los sindicatos del sector son tan proclives como los nuestros a tratar como rehenes a los pasajeros, pero los problemas así supuestos se han visto agravados muchísimo por la incapacidad evidente de los funcionarios vinculados con el kirchnerismo para entender que las empresas que manejan no forman parte de su patrimonio personal.