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	La defensora detalló las irregularidades halladas en las plantas elaboradoras.

VIEDMA (AV)- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, presentó su pedido de constituirse como parte querellante, en defensa de los intereses colectivos de los ciudadanos rionegrinos, en la investigación penal relacionada con la provisión de alimentos preelaborados. La funcionaria, a mediados del año pasado, recurrió a la justicia por entender que se cometieron delitos por parte de empresarios y funcionarios provinciales durante los procesos mediante los cuales el Estado adquirió mercadería destinada a los planes nutricionales, llevados adelante por el Ministerio de la Familia.

La denominada causa "Flavors", que se encuentra en manos del juez Juan Bernardi, este mes sumará al plexo probatorio las declaraciones indagatorias de los empresarios denunciados en la maniobra, mientras que, para el mes próximo, están previstas las de los ministros de Familia, Alfredo Pega, de Hacienda, Pablo Verani, de Salud, Cristina Uría y su antecesora, Adriana Gutiérrez.

Piccinini consideró aún "una incógnita", "los orígenes de los productos distribuidos por la empresa Flavors & cía S.A. a pesar de la obligación legal de la empresa al respecto".

Agregó que "en la provincia de Río Negro no se elaboran, toda vez que no se haya inscripta la planta industrial de General Conesa para ello. Agotada las instancia en San Luis, donde acreditamos la baja de los productos por Resolución 773/07 del Ministerio de Salud de esta provincia de manera absolutamente irregular, según todas las fuentes consultadas. Quedando sólo Mendoza, me constituí en el departamento de Higiene de la Alimentación del Ministerio de Salud, encontrándome que las materias primas por ellos inscriptos allí, se hallan vencidas desde hace varios años, y visitada la planta constatamos que se encuentra cerrada y en mega concurso de acreedores", relató la defensora, luego de sus amplias investigaciones desarrolladas en esas jurisdicciones.

Piccinini insistió con las irregularidades en los rótulos de los envases de los alimentos provistos por Flavors. Agregó que "se desconoce también el origen de la materia prima utilizada; a pesar de ello, sorteaban habitualmente todo control administrativo de sucesivos ministerios, secretarías, direcciones, órganos de contralor". Un párrafo especial le dedicó al "contundente informe del I.N.A.L. realizado a nuestro requerimiento, que destacaba a los productos como no aptos para el consumo, por constituir un riesgo probable en la salud". Ese informe derivó en el Decreto 1079/08 del gobernador Miguel Saiz, que dio de baja a las empresas de Registro de Proveedores del Estado rionegrino por considerar que "significa que existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas y temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores".

Cabe recordar que en esta causa, durante la segunda quincena de este mes, serán indagados Javier Matas, titular de la empresa que proveyó los alimentos a la provincia y Daniel Héctor Fernández, el apoderado de la firma en Río Negro. En tanto, por el gobierno provincial, el juez también citó a declarar para diciembre a los ministros de Familia, Alfredo Pega; de Hacienda, Pablo Federico Verani y de Salud, Cristina Uría. En esta citación también está incluida la diputada Adriana Gutiérrez, quien antes de asumir la banca estuvo a cargo del Ministerio de Salud de Río Negro.