ROCA (AR).- "La justicia tiene dos velocidades: una es esa rápida, que funciona con tiempos muy acelerados para castigar la protesta social, y otra que es muy lenta, que tarda años y años, y es casi ciega para castigar a los responsables del genocidio del 76", alertaron ayer desde el gremio Unter, en una clara advertencia sobre las consecuencias "políticas", según opinaron, del último corte de ruta.
Ocurre que en la causa que lleva adelante la Justicia Federal, tras la última y prolongada protesta docente, ya existen 40 imputados, a fines de este mes "se terminan las indagatorias" y "ahí se define la situación procesal de los imputados", precisó ayer el abogado del gremio, Juan Huenumilla.
Luis Genga, un maestro víctima de la represión de la última dictadura y quien fuera primer secretario general del gremio docente, participó de la conferencia de prensa realizada ayer en esta ciudad y reclamó, agobiado y dolido, la misma celeridad que se aplica "para castigar la protesta de los trabajadores" para que se "encuentre y castigue" a los responsables de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la región en aquella época.
"Quiero tener derecho a testimoniar en el juicio", vociferó Genga, de 70 años. "No quisiera morirme sin ver que la justicia se ha expedido en este hecho", casi imploró.
Su desazón y desconcierto radica en la reciente muerte de "la compañera Cristina Botinelli", explicó, una profesora y psicóloga también víctima de la dictadura, ex profesora de la UNC, que murió el mes pasado, en México -donde viajó tras ser liberada de un gravísimo secuestro de más de 10 días- a los 61 años".
