Si bien desde hace tiempo la ciudad de San Carlos de Bariloche viene reclamando por mayores recursos destinados a la problemática de la seguridad, en el último tiempo una sucesión de delitos aberrantes ha intensificado el gran malestar de la ciudadanía en relación con lo que se percibe como falta de interés y nulas respuestas por parte de los responsables de garantizarla.

No basta con declamar solidaridad con las víctimas del delito, es preciso encontrar mecanismos que aseguren una efectiva respuesta y esclarecimiento de los distintos hechos; a más, naturalmente, de una adecuada prevención para evitar que los mismos se reiteren con la frecuencia que lo vienen haciendo.

Es por ello que creemos nuestro deber recordarles a las máximas autoridades de la provincia en la materia que la falta de respuesta efectiva, por parte de las fuerzas de seguridad, no es casual ni producto de alguna situación imprevista; por el contrario, es el resultado natural de la desidia y falta de planificación en cuestiones vinculadas con la seguridad que se observa desde hace varios años, en el transcurso de los cuales se ha abandonado a su suerte a los integrantes de la Policía provincial.

Los reiterados anuncios del gobierno provincial en relación con mejoras en la dotación de personal policial afectado a la ciudad de Bariloche y zona andina o la entrega de equipamiento, que luego directamente no se concreta, o de pasado un cierto tiempo se dejan sin efecto o sólo se cumplen a medias, han llevado a la ciudadanía de estas localidades al convencimiento de ser objeto de burlas y engaños, que colmaron la capacidad de tolerancia de la comunidad, cuyas reacciones se demuestran cada vez con mayor virulencia.

Así por ejemplo encontramos los anuncios efectuados por el entonces ministro que en el 2005 anunció la construcción de cinco Centros de Atención Policial (CAP), la realización de estudios para la construcción de una nueva cárcel y otros tantos centros operativos para albergar un número importante de personal para la prevención del delito. Según sus palabras se contaba con presupuesto aprobado por la Legislatura; sin embargo, hasta el día de hoy nada de ello se efectivizó.

Una situación similar resultó la vivida en relación con la creación del Cuerpo Especial de Policía Turística, programa lanzado en el 2006 con gran despliegue mediático, que contaría con personal especialmente capacitado para la atención de la primera actividad económica de la zona con aproximadamente 40 empleados -la mayoría mujeres-, el cual a la fecha se encuentra totalmente desmantelado e inexistente. O con la creación del Cuerpo de Policía Montada, en el mismo año, que hasta la fecha no ha logrado obtener una infraestructura adecuada, siendo la actual totalmente deficiente: sin edificio donde funcionar, ni vehículos apropiados, en el que los animales asignados sobreviven gracias a la responsabilidad y dedicación de los policías encargados de su cuidado.

En los casos en que los anuncios se han concretado, ello ha sido en forma insuficiente e inadecuada; como por ejemplo, en el caso de la reciente adquisición de vehículos policiales y su afectación a la zona, que no se tradujo en mayor cantidad de móviles en las calles, al no haber sido acompañada de un aumento de la cantidad de combustible asignado a las dependencias policiales, ni una adecuada provisión de servicios de mantenimiento y reparación de la flota policial. Considerando que la geografía y el clima de la zona andina atentan naturalmente contra el estado de conservación de los automotores, aun los que circulan bajo condiciones normales, con mayor razón ello ocurre en el caso de las unidades policiales, que son sometidas en ocasiones a usos extremos por las propias particularidades de su función. Así, gran parte de la presunta flota policial se encuentra en la actualidad desafectada por roturas, choques y otras cuestiones, en los depósitos a la espera de que la buena voluntad de la comunidad genere los recursos para su reparación y rehabilitación, sin encontrar eco en las autoridades que deben proveer dichos recursos.

También conspira contra un eficaz desarrollo de la labor policial el lamentable estado de conservación de edificios policiales, como por ejemplo el de la Comisaría 2ª, que tiene inhabilitados por parte de la Justicia provincial sus calabozos desde hace años; o el caso del destacamento policial existente en la zona oeste de la ciudad de Bariloche, al que las respectivas juntas vecinales deben sostener mediante el pago de los servicios esenciales para su funcionamiento; sin contar con que se requirió a dichas juntas vecinales el aporte del dinero necesario para la construcción o ampliación del actual destacamento cuando los vecinos solicitaron la creación de una subcomisaría en esa zona.

Esta realidad contrasta con la de otras ciudades de la provincia que han recibido los necesarios aportes del gobierno provincial con destino al tratamiento y solución de los problemas de seguridad; así, por ejemplo, en Cipolletti se construyeron y refaccionaron diversos edificios para satisfacer sus necesidades en esta materia y recientemente recibió un aporte de $150.000 para la compra de autobombas y reparación de vehículos policiales; en General Roca se derribará el edificio de la Comisaría 3ª y se construirá una nueva. Según lo expresado por el ministro Larreguy, la ciudad de Viedma cuenta con un policía cada 180 habitantes, en tanto que en Bariloche existe un policía cada 330 habitantes (se computan exclusivamente aquellos que se desempeñan en las comisarías), es decir, que cada efectivo policial de comisarías que se desempeña en la ciudad de Bariloche debe atender casi al doble de habitantes que aquellos que se desempeñan en la ciudad de Viedma.

Cuando en alguna de esas otras ciudades se agudiza algún problema relacionado con la seguridad, la provincia tiende a darle soluciones locales; cuando, en cambio, en la ciudad de Bariloche hace eclosión algún conflicto de este tipo -que siempre tiene raíces en otras problemáticas de fondo, no tratándose nunca o casi nunca de situaciones puntuales de rápida resolución-, la respuesta reiterada y habitual de los últimos años ha sido la de convocar a las fuerzas federales (Gendarmería Nacional o Policía Federal) con soluciones de muy corto plazo, incapaces de sostenerse en el tiempo y que por falta de recursos suficientes terminan quedando sin efecto. De más está decir que estas soluciones transitorias jamás apuntan al fondo de la cuestión.

Ello representa, ninguna duda cabe, una terrible desigualdad de San Carlos de Bariloche en materia de seguridad frente a otras ciudades de similar importancia en la provincia. No es nuestro objetivo sembrar discordia entre las distintas localidades rionegrinas; por el contrario, felicitamos a estas ciudades por sus logros, pero no podemos dejar de resaltar que el aumento de la delincuencia en San Carlos de Bariloche supera el 35% en los últimos cuatro años, siendo la ciudad en la que crecieron más los delitos. Por otra parte, no solamente ha aumentado en términos numéricos absolutos -pese a la negación mediática de tal circunstancia por parte de autoridades provinciales-, sino que además la violencia que acompaña a los hechos delictivos es cada vez mayor.

En este contexto, creemos nuestro deber volver a reclamar de las autoridades una respuesta adecuada y suficiente en defensa de la zona andina, tan desamparada y relegada en materia de seguridad como en otras áreas, pero que hoy toma otra dimensión en virtud de la sucesión de hechos delictivos descripta al inicio, que no solamente perturban la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la ciudad, sino que además conspiran en forma directa contra su principal actividad económica, el turismo.

Para ello, y ante la falta total de soluciones a mediano y largo plazos por parte del gobierno provincial, convocamos a participar a los distintos sectores de la comunidad en la elaboración de una planificación en seguridad sustentable e integrada, que responda al modelo de ciudad que reclaman los vecinos.

IRMA HANECK Y MANUEL VÁZQUEZ (*)
Especial para "Río Negro"

(*) Legisladores Bloque Sur

Río Negro