La estrategia oficial de apaciguar a los grupos piqueteros repartiendo dinero y cargos públicos entre los dirigentes no sólo es peligrosa porque supone obligar a los contribuyentes a subsidiar a organizaciones cuyo poder e influencia dependen de su capacidad para intimidar al resto de la sociedad. También es poco práctica, por basarse en el presupuesto de que todas comparten el mismo ideario, lo que en vista de la propensión de izquierdistas y populistas a dividirse en facciones pendencieras no es nada realista. Así, pues, la voluntad del gobierno kirchnerista de hacer del país una "zona liberada" para los piqueteros siempre entrañó el riesgo de que reprodujeran enfrentamientos violentos entre los seguidores de caciques distintos, entre ellos algunos que levantarían banderas antikirchneristas. Es lo que acaba de suceder en el centro de la Capital Federal donde varios centenares de "luchadores sociales" sindicados como izquierdistas acamparon por más de un día a fin de protestar contra el plan "Argentina trabaja" y el clientelismo característico de los intendentes peronistas del conurbano bonaerense. No se trataba de una forma sumamente molesta de reivindicar ciertos principios sino de una puja por recursos. Aunque el gobierno nacional lo niega, para sorpresa de nadie terminó cediendo ante los reclamos de los piqueteros no oficialistas por temor a que el campamento se convirtiera en una parte permanente del paisaje urbano y que la presencia de jóvenes encapuchados, armados de palos, diera pie a actos de violencia. Según se informa, para comprar algunas semanas de paz, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner -hermana de Néstor-, se comprometió a incorporar a cinco mil desocupados al plan de marras.

Por desgracia, a esta altura parece sumamente escasa la posibilidad de que el gobierno haga algo más que continuar procurando conformar a las agrupaciones de piqueteros que ha institucionalizado. Convencidos de que el clientelismo les convendría porque les permitiría mantener bajo control a "la calle", los kirchneristas han ayudado a crear un monstruo que en cualquier momento podría atacarlos. En lugar de optar desde el vamos a dotar al país de un sistema de seguridad social que no se prestara a la manipulación de políticos ambiciosos y militantes con la capacidad de organizar a quienes se sienten excluidos del sistema socioeconómico formal, optaron por intentar aprovechar en beneficio propio las deficiencias administrativas del país. Si bien tardíamente el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado interés en simplificar la multitud de planes sociales que existen mediante un esquema supuestamente destinado a asegurar que todos los desocupados y trabajadores en negro reciban una asignación por hijo, no es del todo probable que como resultado se modifique mucho la maraña de redes clientelares que cubren buena parte del territorio nacional.

Aunque los Kirchner afirman estar en favor de darle al Estado un rol más importante en la vida del país, ni ellos ni sus partidarios parecen tener el menor interés en impulsar reformas para que aquí la administración pública se asemeje más a sus equivalentes de los países considerados avanzados. Como casi todos los demás políticos, quieren que la ayuda social quede a cargo de organizaciones no estatales, o a lo sumo paraestatales, lo que podría tomarse por una forma sui géneris de privatización que resultaría atractiva a un "neoliberal" europeo o norteamericano deseoso de reducir al mínimo la participación del Estado. Por lo tanto, toda vez que hay un desastre natural o se agrava todavía más la emergencia social, los responsables de manejar los fondos necesarios para atenuar las consecuencias son sindicalistas, punteros políticos y, en la actualidad, jefes piqueteros. Sería difícil imaginar un arreglo menos eficaz, o más proclive a estimular la corrupción, que el que a través de los años se ha consolidado en nuestro país, pero parecería que para la mayoría de los dirigentes políticos es el único factible, razón por la que a pocos se les ha ocurrido que, para liberar a los pobres de la tutela humillante de los expertos en aprovechar sus penurias, sería necesario darse el trabajo de reformar el Estado para que pueda cumplir aquellas funciones que en otras latitudes monopoliza.