VIEDMA (AV)- Los primeros pasos para formar una red interdisciplinaria que debata y desarrolle acciones para combatir la trata de personas en la zona fue una de las principales conclusiones del seminario que durante esta semana dictaron profesionales locales, en el marco de una propuesta convocada por la agrupación Juana Azurduy.
María Eva Scatena, abogada de la Defensoría del Pueblo, quien junto al fiscal Marcelo Álvarez y el comisario Alfredo Sosa coordinó los talleres, sostuvo que "estamos muy conformes, ya que dentro de los grupos de trabajo, cada organismo pudo manifestar qué estaba haciendo actualmente y de esa manera saber adónde podemos recurrir o qué asistencia se puede brindar desde cada lugar en caso de detectarse nuevos casos de trata de personas".
Scatena definió que "en este delito con fines de explotación sexual o laboral, el Estado tiene que tener el compromiso de asistir a las víctimas y generar los espacios para las denuncias, y la comunidad juega un rol importante, ya que puede detectar posibles casos que a los organismos oficiales se les puedan escapar".
En el taller surgió, por ejemplo, el comentario de una integrante del sector hotelero "que contó que han visto a hombres alojarse con niños que parecían no ser familiares. Ahí se les explicó adónde concurrir y qué hacer ante esos casos".
La abogada puso especial énfasis en "la importancia de que la comunidad se comprometa, que no miremos para otro lado. En las chacras pueden haber situaciones de explotación laboral, puede haber chicas en los cabarets que estén siendo víctimas de trata. Por eso hay que armar redes interinstitucionales".
Tras el taller se abrió una red informática con mails de contactos y se estableció un listado de espacios adonde recurrir. "Las redes tratantes están muy organizadas y nosotros también tenemos que estar organizados para combatirlas", explicó Scatena.
Además dijo que "se habla de la necesidad de que los municipios sancionen normas para el cierre de los cabarets; en Viedma se aprobó que no haya habitaciones donde puedan permanecer las chicas, que el alojamiento no esté conectado. Fue un avance, pero deberíamos avanzar hacia cerrar estos lugares como hizo Santa Rosa, en La Pampa".
La subdirectora de Políticas de Género de la municipalidad de Santa Rosa, Mónica Molina, principal impulsora de la normativa y férrea militante en contra de la trata de personas, dialogó ayer con el programa "Algo Personal" de Frecuencia VyP, de Viedma.
Ella fue amenazada de muerte en los últimos días, tras denunciar la presencia de una menor en situación de trata en un cabaret reconvertido a pub, en su ciudad. "Estoy con la protección para mí y mi familia y están todas las medidas dispuestas acordes a estas circunstancias", dijo.
Molina destacó que el 2009 fue "un muy intenso año de trabajo, desde visualizar la temática en Santa Rosa, hasta el cambio de la normativa no autorizando más whiskerías y cabarets". Aclaró que "una ordenanza no cambia un delito tan complejo, pero nos permitió además trabajar con la comunidad y el resto de los poderes respecto de cómo había que enfrentar esta problemática".
"El Municipio tiene que trabajar con migraciones, con derechos humanos, con organizaciones sociales, es fundamental el trabajo en red, la sociedad civil debe expresarse", concluyó la funcionaria.
