BUENOS AIRES.- El juez federal Norberto Oyarbide confirmó ayer que Ciro James, el detenido ex policía y presunto espía que trabajó en el gobierno porteño y está acusado de intervenir teléfonos de personas de diversos sectores sociales, "pinchó" ilegalmente las líneas de un cuñado del propio jefe comunal Mauricio Macri, de dos gerentes de Supermercados Coto y del abogado Mariano Castex.

"Una vez que tengamos las transcripciones (de las escuchas) hay que bucear profundamente para saber de dónde provenían y dar con las personas que tenían interés en escuchar esas conversaciones telefónicas", dijo el juez a los periodistas al salir de su casa.

Oyarbide confió que Néstor Daniel Leonardo, esposo de la hermana de Mauricio Macri y cuñado del jefe del gobierno porteño, "está enfermo de bronca" por el espionaje en su contra, así como el abogado Castex, un afamado perito forense, "no termina de salir de su asombro".

También ratificó que las escuchas ilegales se aplicaron a "un importante empresario, dueño de supermercados, el señor Coto, que tenía dos teléfonos tomados de dos gerentes importantes", además de las ya conocidas al directivo de Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, el empresario Carlos Avila y la cadena Torneos y competencias.

"Va ha haber mucha más gente (alcanzada por esas escuchas ilegales). Está la SIDE para desentrañar este difícil cúmulo de datos y la semana que viene vamos a contar con más información", dijo el juez, y antes de retirarse comentó: "No descarten la posibilidad de que esas escuchas hayan sido vendidas".

Leonardo (48) -auxiliar de enfermería y parapsicólogo- declaró el jueves como testigo ante Oyarbide que el empresario Franco Macri, padre del alcalde porteño y líder del clan familiar, le habría ofrecido dinero para que se divorcie de su hija Sandra Macri y habría pedido a Mauricio que ordenara espiarlo, informaron fuentes judiciales.

También dijo que recibió amenazas de muerte y acusó a los Macri de perjudicar económicamente a Sandra, cortándole el pago de dividendos de los negocios familiares, con lo cual habrían reducido su patrimonio de 18 millones de pesos a entre seis y siete millones.

La operatoria de la pinchadura del teléfono de Leonardo fue la misma que en los casos Avila y Burstein: jueces de Misiones pidieron la intervención de las líneas y James retiraba de la SIDE las desgrabaciones.

La declaración de Leonardo fue remitida al fiscal federal Jorge Di Lello para que haga los requerimientos que crea apropiados para la investigación. Entre ellos, fuentes judiciales no descartaban que el fiscal pida el lunes que James sea indagado por este hecho.

Igualmente James volverá a declarar el próximo lunes ante Oyarbide para ampliar su indagatoria por pruebas que formaron parte de su procesamiento.