BUENOS AIRES (DyN) - La Justicia porteña absolvió ayer al líder piquetero piquetero Luis D´Elía en el juicio por cortar sin aviso la vital avenida Rivadavia en una marcha de apoyo a candidatos a diputados oficialistas, y reclamó al Gobierno de Mauricio Macri que aclare cuál es la autoridad de aplicación a la que debe anunciarse ese tipo de medidas.

El fallo se produce horas después que la presidenta defendiera enfáticamente a las organizaciones sociales y luego de una semana de múltiples protestas y cortes de diverso tipo que convirtieron a menudo un caos el tránsito en la capital del país.

Macri denunció que el fallo es "absurdo", una "burla" y una "falta de respeto" y "consagra la impunidad" (ver aparte)

Tras la absolución, D´Elía dijo que "jamás" le pedirá permiso a Macri para una marcha y agradeció a la presidenta Cristina Fernández el "fuerte respaldo que dio a los negros que nos organizamos por nuestros derechos en toda la Argentina", al tiempo que denunció que "el establishment económico está detrás, estigmatizando y persiguiendo a las organizaciones de pobres".

La mandataria dijo que "a ciertos intereses concentrados económicos les gusta mostrar por la televisión a los pobres y a los negros cuando están solitos, desvalidos y llorando, para demostrar que hay pobreza. Pero cuando esos pobres y negros generan organización popular, trabajo y dignidad, ahí ya le empiezan a molestar. Y entonces son tildados de revoltosos o de organizaciones paralelas al Estado".

El titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) reiteró que "jamás, jamás le vamos a pedir permiso a Mauricio Macri para hacer una marcha, una protesta, porque es un derecho constitucional".

La absolución fue dictada por la jueza Penal, Contravencional y de Faltas 21 Cristina Lara.

El fiscal Adolfo Bormida había pedido para D´Elía una multa de 5.000 pesos y que se lo condene a impartir clases de derechos humanos en una institución educativa o de beneficencia. D´Elía llegó a juicio acusado de violar el artículo 78 del Código que castiga con uno a cinco días de prisión y multa de 200 a 1.000 pesos a quien "obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos", y el 69 que pena a "quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos". El Código establece que para hacer un corte de calle se debe dar "aviso a la autoridad competente", lo que D´Elía declaró que cumplió al informar al ministro del Interior, Florencio Randazzo, y al jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga.