Según el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el gobierno nacional no tuvo nada que ver con los esfuerzos del jefe cegetista Hugo Moyano por impedir la distribución de diarios y revistas hasta que el Sindicato de Camioneros se haya encargado de la actividad, pero no debería de sorprenderle que muchos lo hayan tomado por una maniobra urdida por el ex presidente Néstor Kirchner para castigar todavía más a los diarios porteños "Clarín" y "La Nación". Después de todo, no resulta ningún secreto que Kirchner se haya propuesto destruir al grupo Clarín en nombre de "la democratización", ni que, desde el inicio mismo de su gestión presidencial, haya tratado a "La Nación" como un enemigo oligárquico y golpista. Tampoco lo es que, por motivos que se suponen meramente tácticos, Moyano se haya aliado con Kirchner y que, lo mismo que los jefes piqueteros oficialistas, esté más que dispuesto a ayudarlo a intimidar a quienes se niegan a comprometerse con su "proyecto" personal. A cambio de tales servicios, Moyano ya ha recibido muchas concesiones valiosísimas, entre ellas la supuesta por el manejo virtualmente discrecional de los miles de millones de pesos que pasan por las obras sociales. También parece contar el jefe de la CGT con el aval de Kirchner para sus esfuerzos por incorporar a Camioneros a todos aquellos empleados cuyo trabajo esté vinculado, aunque fuera de forma indirecta, con el transporte sobre ruedas. Si bien otros sindicalistas se oponen a sus aspiraciones imperialistas, no quieren arriesgarse enfrentando a individuos que se han hecho notorios por su voluntad de subrayar con violencia extrema sus pretensiones desmedidas. Por su parte, todo hace pensar que el gobierno, ante la opción de frenar a un personaje que actúa como si se creyera por encima de las leyes y asociarse con él, ha elegido la alternativa que le parece más fácil sin preocuparse en absoluto por las consecuencias para una sociedad cada vez más conflictiva.

Dejar hacer equivale a permitir. Mientras los camioneros de Moyano bloqueaban instalaciones de "Clarín" y "La Nación", profiriendo las amenazas de violencia gansteriles a las que nos tienen acostumbrados, el gobierno no hizo nada para intentar disuadirlos. Dadas las circunstancias, el prolongado silencio oficial resultó ser muy elocuente. Por cierto, así lo entendieron los camioneros que, seguros de su impunidad, actuaron como integrantes de un grupo de tareas gubernamental. Conforme a Randazzo, la pasividad oficial frente al episodio pudo justificarse porque "hay que resolver amigablemente el conflicto", o sea, que si bien pueden tolerarse los métodos empleados por los camioneros, la policía no debería intervenir para defender los derechos de quienes son blanco de su agresión.

Parecería que al gobierno no le gusta para nada ser acusado de atentar contra la prensa independiente, porque es de eso que se trata, pero si quiere eliminar las sospechas en tal sentido le sería suficiente cumplir con su deber de asegurar que todos, incluyendo a sus propios aliados, acaten la ley. Como ha señalado el constitucionalista Gregorio Badeni, "el artículo 161 del Código Penal sanciona con prisión de uno a seis meses a quien impida o estorbe la libre circulación de libros o periódicos". El que parezca surrealista la posibilidad de que los responsables del bloqueo a las plantas distributivas de "Clarín" y "La Nación" terminen entre rejas nos dice mucho sobre el estado actual del país. So pretexto de defender el derecho a protestar, los Kirchner se las han arreglado para crear una situación rayana en la anarquía y, lo que es más alarmante aún, hay motivos para suponer que lo han hecho adrede por entender que, merced a la prepotencia de las organizaciones de piqueteros y de matones gremiales que les son afines, podrán dominar la calle y de tal modo atemorizar al resto de la sociedad.

Por cierto, no parece ser ninguna casualidad que las agrupaciones oficialistas más combativas, como la organización barrial Tupac Amaru de Jujuy y otras provincias del Noroeste, y el Sindicato de Camioneros de Moyano, encabecen la lista de los beneficiados económicamente por un gobierno que ha hecho de "la caja" -es decir, de los aportes de los contribuyentes- un arma política contundente que emplea para premiar a sus simpatizantes y castigar a los opositores o a los presuntamente neutrales.