SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El agrimensor local Julio Posse denunció malos manejos vinculados a las tierras públicas en la provincia y también el peligroso avance para crear por ley un colegio de agrimensores. "Si se sanciona la ley las tierras fiscales se privatizarán", denunció. También, junto con la ONG "comunidad del Limay", reclamó que no se cambie el uso de las tierras aledañas al Anfiteatro de Confluencia, donde se proyecta un gran loteo.
Recordó que el vicegobernador Bautista Mendioroz le pidió tiempo atrás que reúna a los agrimensores que se oponen a la ley y firmen su rechazo. Dijo que "cuando le entregamos las firmas nos aseguró que la ley no sale. A mi personalmente me reconoció que funcionarios del gobierno, como el director de Catastro, agrimensor Mario Grandoso y el secretario de la Producción, agrimensor Daniel Lavayén, hacían lobby para que esta ley salga rápido", afirmó.
A su criterio el tiempo y las amistades sobrepasaron las palabras de Mendioroz. El proyecto Sartor avanza y la ley está nuevamente encaminada. "Cuando hay negocios por delante los impulsores de la ley mantienen sus pretensiones", afirmó.
Según Posse, el objetivo es privatizar la tierra fiscal, fundamentalmente en la Zona Andina, lo cual se haría en varias etapas. Recordó que el Colegio de Agrimensores de Viedma ya firmó un convenio con la provincia para mensurar las tierras fiscales. Esto fue apelado por agrimensores locales y está a consideración del STJ. En caso de rechazarse la objeción habría "vía libre" para avanzar con el negocio, ya que las mensuras estarían monopolizadas por el Colegio de Agrimensores. Luego, podrían adjudicarse en venta desde la dirección de Tierras.
El denunciante dijo que "en la actualidad y a posteriori de las mensuras fiscales, una vez solicitada la escritura, la provincia tasa el valor de la tierra, teóricamente en base a la normativa vigente". No obstante, sospecha que los precios varían de acuerdo al negocio que se puede hacer con los adjudicatarios, y que los valores que la provincia debería recaudar serían manejados arbitrariamente por sus funcionarios. "Esto sería fácilmente comprobado por los precios que los títulos reflejan y que expresan el valor real de la tierra que se pagó", dijo. Estima que una auditoria seria, pedida judicialmente, pondría en evidencia graves irregularidades.
El agrimensor local dijo haber sido amenazado y agredido. "Cuando el ministro Acattino y su subordinado Jorge Belacín iniciaron el expediente del plano 450-06 para subdividir el Anfiteatro en Confluencia (área natural protegida), que fuera aprobado el 11 de julio del 2006, el agrimensor Juan Lapi de la dirección de Tierras me dijo en tono amenazante que no me meta, que este era su negocio", recordó.
Al respecto, aclaró que dicha mensura estuvo a cargo de Lapi, con un agrimensor de Catastro y la firmó Walter Favretto, amigo del ministro de la Producción y miembro del colegio. "Cuando desde Bariloche se reclamó por tan insó-lito proceder, Belacín no tuvo más remedio que solicitar a Catastro la suspensión de ese fraccionamiento e intentó agredirme en las oficinas de la dirección de Tierras en Viedma", sostuvo. También dijo haber sido intimidado por un representante de la Fiscalía de Estado y por la legisladora Nelly Meana, durante su reciente visita a esta ciudad.
Posse lleva 40 años en la profesión en Río Negro. "Conozco a todos los actores y estoy convencido de que a los funcionarios vinculados a la ley Sartor les molestan mis acusaciones. Espero poder dar nombres y pruebas cuando la Defensora del Pueblo o la justicia me convoque, pese a que soy bastante descreído de la independencia de poderes".
