VIEDMA (AV)- El intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, informó que el proyecto de la empresa Marifil SA, que recibió del Estado un yacimiento de caliza valuado en más de cuatro millones de dólares, luego de haber llegado a un acuerdo transaccional a partir de una demanda que presentó contra la provincia, perjudica otros proyectos productivos que tanto el municipio serrano como el Ministerio de la Producción analizan en la zona del puerto de Punta Colorada. Además, pidió que algún fiscal investigue el caso, ya que consideró que existiría presuntamente una "asociación ilícita".

"Tenemos que estar saltando tierras que teóricamente son adjudicadas a Marifil, que no se pue-den tocar, e involucran una gran sector cerca de Punta Colorada. Cada vez que intentamos avanzar con algún proyecto productivo, como la planta desalinizadora, la termoenergética o cuestiones de maricultura, tenemos que ir corriéndolos de un sector a otro porque los señores tienen un negocio en ese lugar", afirmó.

Pidió a los legisladores que soliciten informes sobre el tema "porque estos 1.7 millones de honorarios -que la provincia debe pagar a los abogados de Marifil- los vamos a pagar todos los rionegrinos. Esto es para mí una presunta asociación ilícita, porque está hecho, a mi juicio, adrede".

Dijo que el "entonces director de la empresa Hiparsa, Ernesto Urcera, debería hacerse cargo de esta cuestión y todos aquellos que deben defender a la provincia deberían estar rindiendo cuentas, porque ésta no es la mejor defensa; sí así vamos a defender al Estado, no hay arca que alcance".

Incluyó en su pedido de explicaciones, además de Urcera, a los legisladores que integraron la Comisión de Transacciones -Javier Iud y José Luis Rodríguez- y al fiscal de Estado, Alberto Carosio.

Por su parte, uno de los integrantes de Marifil SA, Renzo Bonuccelli, aclaró que "el convenio suscripto entre Marifil y la provincia de Río Negro ha sido registrado en Escribanía de Minas por las autoridades provinciales hace ya varios meses", en respuesta a las apreciaciones de la titular de Minería, Tamara Pérez Balda, quien dijo a este medio no tener información sobre el proyecto y que apenas hace algunas semanas, por un encuentro casual con Bonuccelli se enteró de que esa empresa poseía el yacimiento en concesión por 30 años.