Repetida historia. La dirigencia, metida en conflictos que a pocos les importan y desviada de los problemas mayoritarios. La política abandona la pulseada constitucional y se sojuzgará al debate electoral. La Justicia tiene prioridades extrañas cuando la deserción de su servicio es diariamente patente.

La crisis hospitalaria es un cuadro invisible para Salud. La ministra Uría minimiza esa dificultad. Falencias públicas que se rebaten en centros privados. Urgencias y precariedad hospitalaria que favorecen a particulares en el reparto de los fondos públicos. Ya el Estado contrató servicios por 50 millones. Más de la mitad son costos por "médicos y sanatoriales". Esa característica sobrevoló en la reunión del martes del gobernador con los profesionales hospitalarios.

Uría argumentó que las derivaciones rondan el 2% del presupuesto, que supera los 400 millones. Serían ocho millones. Los "servicios médicos y sanatoriales" del ministerio ya tienen una ejecución de 27 millones. Superarán los 35 millones en el año. ¿Qué montos analiza la ministra?

"Los hospitales no están paralizados", afirmó Saiz. Su incomodidad radica en la permanencia de esos focos de conflictos. Una percepción menor del trance planteó Uría en el bloque oficialista. Ahí dejó más molestias que reparaciones. Se quejó de actitudes de los diputados y sorprendió aún más cuando la transportaron a la crisis hospitalaria. Esbozó que hablaría pero que "no era un tema que traía para hablar". Estupor que no ocultó Iván Lazzeri, todavía presidente.

La salud de la Justicia también está en debate.

El STJ profundiza sus diferencias internas. Demasiados planes individuales y faltan acciones conjuntas. Hay idas y vueltas con cada recambio presidencial. Los criterios dispares concluyen con la paralización de viejos programas. Cada miembro tiene sus deseos geográficos. Alberto Balladini está ocupado en la mudanza a la sede de Roca (existen demoras de los muebles) y, en contrapartida, Luis Lutz intensifica los trámites para construir su equivalente en San Carlos de Bariloche.

Y emergió otro conflicto con el régimen jubilatorio del 82%.

Saiz desestimó una solicitud del STJ para que sus jueces queden excluidos de las obligadas renuncias al cumplir la edad de retiro (60 años). Lutz y Balladini ya podrían jubilarse. Tienen hasta dos años -como los magistrados y los funcionarios de la Justicia favorecidos por ese régimen- pero podrán irse mucho antes.

Otro débito judicial quedó expuesto esta semana con el dictamen del fiscal de Cámara Juan Peralta en relación con lo indagado por el fiscal Ricardo Falca y el juez Pedro Funes en la causa del Programa de Empleo Rionegrino (PER), que tiene un faltante de dos millones de ese Fondo para desocupados. El expediente fue propuesto a juicio, con el procesamiento de tres ex directores de Trabajo: Gustavo Otero, María Miran y Ángel Poggi. Peralta criticó duramente la investigación y propuso la nulidad a la Cámara, planteando la reconstrucción de parte de lo hecho. El tribunal marcha en ese sentido.

Pasaron cinco años y llegó esa conclusión inevitable. Hubo denuncias por el accionar adoptado por Funes y Falca en esta investigación. El STJ nunca se ocupó y, recientemente, el Consejo de la Magistratura archivó un expediente con iguales planteos.

Parte del período investigado comprende la gestión en Trabajo de la actual defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Su figura nunca fue llevada a la investigación, salvo la imputación a su segundo en Trabajo y hoy en la Defensoría, Daniel González, quien luego quedó desvinculado de la causa penal.

Muchos hilos sueltos quedaron en esa causa.

Antes y ahora, el andar de ese expediente interesó a los poderosos.

El tránsito impuesto por Piccinini desde la Defensoría contra las más altas esferas del oficialismo -denuncias por los alimentos preelaborados o, entre otras, a Sartor por su crecimiento patrimonial- modificó el tradicional círculo del poder. Y la Justicia siempre es un fiel reflejo de esa realidad.

Ágiles críticos y revisores de terrenos ajenos, el STJ deberá asumir alguna carga -por acción o por omisión- de las fisuras judiciales. Cinco años después, un calamitoso futuro parece esperar a otra causa relacionada con irregulares manejos de los fondos públicos.

Estrujada quedó la intención de Saiz para reformar la Constitución en su gestión. Esa suerte se dio con la oposición de su bloque, que transparentó la división del oficialismo. Otra batalla interna se aproxima: la reforma política.

El gobernador cerró un capítulo reformista cuando el martes recibió a Adrián Casadei, Adriana Gutiérrez y Elbi Cides. Los diputados formalizaron la mala noticia conocida: no hay consenso -por ahora- para los cambios constitucionales. Saiz reivindicó que seguiría con la promoción del debate. "El logro estará en instalar en la sociedad su necesidad", dijo, con un sesgo de resignación.

La reforma tendrá que esperar. Pero las luchas oficiales por las posiciones para el 2011 se renuevan. Las internas abiertas y simultáneas son el próximo duelo que impondrá Saiz. Un plan resistido por la otra dirigencia radical.

La Legislatura de Bautista Mendioroz reeditó la Comisión de Reforma Política y puso a Lazzeri en la presidencia. Ahí se prevé neutralizar cualquier proyección de la iniciativa nacional de elecciones abiertas. Un diseño similar pondría en riesgo la aspiración para el 2011 del vicegobernador, tanto en su consolidación dentro de la estructura de la UCR o una opción electoral por fuera del partido.

El gobernador -incitado por su grupo Residencia- impulsará internas abiertas y simultáneas para el 2010. Casualmente, su hoy secretaria legal y técnica, Silvia Jañez, fue en el 2002 la autora del proyecto que casi impone esa modificación. La Legislatura lo aprobó en septiembre, pero el ex gobernador Pablo Verani lo vetó un mes después.

Una añeja propuesta de Jañez consiguió la tracción legislativa de una fracción disidente del oficialismo y aliados, denominado Agenda. La integraba Mendioroz, Lazzeri, Fernando Chironi y, entre otros, Víctor Medina. Estos dos últimos fueron informantes decisivos en la sesión de aprobación. Saiz era el presidente del bloque. En su decreto, Verani vetó el cambio electoral porque "una circunstancial mayoría avanza exclusivamente" en ciertos aspectos y "soslaya otros imprescindibles".

Meses después, el hoy senador impondría la candidatura de Saiz.

Eran épocas donde viraban los intereses, pero las cúpulas concluían en pactos de supervivencias. La historia lo demuestra. La última compulsa interna para definir la fórmula provincial fue en 1986. Hace 23 años.

Siete años pasaron de aquel intento de internas abiertas en Río Negro. La misma dirigencia subsiste, pero sus nuevas pretensiones demandarán nuevos enfoques. Siempre son planes individuales o sectoriales.

Están ganadas por la insignificancia, pero la Justicia y la política no son insignificantes.

ADRIÁN PECOLLO
adrianpecollo@rionegro.com.ar