SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal sancionó ayer la ordenanza que extiende por un año la declaración de emergencia habitacional y fijó estrictas metas que el Ejecutivo deberá cumplir a fin de atender la acuciante demanda de tierras y viviendas. El proyecto fue aprobado por unanimidad, pero no tuvo votos suficientes para incluir una cláusula orientada a promover "la remoción" de los funcionarios que no cumplan con lo previsto en la ordenanza.
Ese mecanismo de sanción indirecto (en cualquier caso la última palabra la tendría el intendente) fue defendido en soledad por el edil Hugo Cejas (SUR) a pesar de que figuraba en el texto original, que también habían firmado como autores Darío Duch (ARI) y Darío Barriga (SUR).
Duch explicó que el Concejo consideró muy pobres los resultados de la emergencia habitacional sancionada en 2008. De hecho, en los fundamentos de la prórroga apuntan que -a pesar de las acciones iniciadas por el Ejecutivo- se mantiene en Bariloche "la misma o más agravada realidad social en materia de soluciones habitacionales que la descripta" en la ordenanza anterior.
El artículo 1 resuelve dar "continuidad" a la declaración de emergencia habitacional y en los siguientes describe el régimen de excepción, "que tiene por objeto acelerar el proceso de adopción de soluciones eficientes a la problemática de la tierra y la vivienda para el hábitat social".
La ordenanza concede un período de 10 meses para la regularización de obras edificadas "sin permiso" pero encuadradas como "reglamentarias", cuyos propietarios deberán pagar los respectivos derechos de construcción.
Establece además una serie de obligaciones específicas para el Instituto Municipal de la Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (Imtvhs), entre ellas la de "realizar en un plazo no mayor de 30 días la base de datos de demandantes habitacionales con datos socioeconómicos".
También exige que el Ejecutivo "genere la información acabada sobre la cantidad y tipo de terrenos o parcelas disponibles en el ejido municipal, ya sean de dominio municipal, provincial, nacional o privada pasible de ser gestionadas por el Estado para fines sociales".
El concejal Duch dijo que el Instituto "cumplió muy poco" y por eso optaron por renovar la declaración de emergencia.
La nueva ordenanza deberá ser complementada por otra, que tiene preferencia de tratamiento para la próxima sesión y fijará fuentes específicas de financiamiento para el Imtvhs.
Uno de los artículos que estaba en la declaración de emergencia del año pasado y desapareció en la sancionada ayer es el que habilitaba al Ejecutivo a "mediar en casos de ocupación colectiva (...) contribuyendo en la búsqueda de soluciones pacíficas para disminuir la posibilidad de desalojos compulsivos".
En contra de ese criterio, durante los últimos meses el municipio endureció su postura frente a las tomas de tierra y promovió desalojos como el practicado el pasado miércoles en la Quinta 51.
En la sesión ordinaria de ayer quedó relegada también al posibilidad de aprobar una nueva regulación para los hoteles estudiantiles. El proyecto lleva más de un año de tratamiento sin obtener dictamen, en medio de una discusión que involucró también al gremio gastronómico y a la Asociación Empresaria del sector.
También se aprobó la norma que impone el nombre del ex intendente Alberto Icare al gimnasio municipal Nº 3.
