VIEDMA y SIERRA GRANDE (AV/ASG).- El legislador justicialista Martín Soria, impulsará en el parlamento rionegrino su pretensión de transparentar la actividad de la Comisión de Transacciones Judiciales. La iniciativa surgió luego de la investigación de este medio que informó en sucesivas publicaciones desde el domingo último que el Estado Provincial, a través de esa comisión y del fiscal de Estado, Alberto Carosio, entregó en concesión un yacimiento de piedra caliza valuado en más de 4 millones de dólares y deberá pagar honorarios a los abogados por 1,7 millones de pesos.

El acuerdo suscripto con la firma Marifil, que había demandado al Estado por un supuesto incumplimiento de contrato por parte de Hiparsa, tenía por objeto evitar el juicio y generar menores perjuicios a la Provincia.

La comisión legislativa está prevista en el artículo 194 de la Constitución Provincial y reglamentada por la ley 3233. La propuesta de Soria pretende que los dos representantes del Poder Legislativo que integren dicha Comisión pertenezcan a las bancadas mayoritarias de la oposición, previéndose que los mismos, estarán obligados a brindar informes semestrales en el seno de la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, respecto de todos los acuerdos transaccionales abordados en ese período.

Soria sostuvo que "la idea es dotar de un mayor espectro de participación política, al consagrar como integrantes en representación del Poder Legislativo a dos legisladores que pertenezcan a las bancadas opositoras con mayor cantidad de miembros, en contraposición a lo que sucede con la ley vigente, que establece que uno de los legisladores sea del mismo signo político del titular del Poder Ejecutivo provincial. Así estaremos contribuyendo a recategorizar la desprestigiada labor que hoy posee este Órgano de Control que, en malas manos, puede servir a intereses contrarios a los de todos los rionegrinos".

Por su parte, el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se refirió al convenio transaccional entre el Estado provincial y al empresa Marifil adjudicando la situación a las "malas administraciones" de la firma rionegrina. Aseguró que es una nueva estafa a la sociedad.

"Ya había anticipado que por el mal desempeño de algunas autoridades, se firmó un contrato leonino y ahora los rionegrinos tenemos que pagar 1,7 millones de pesos de honorarios", dijo Iribarren.

En declaraciones al programa "Pido la Palabra", el jefe comunal manifestó que no existe ninguna empresa que se llame Marifil trabajando en el lugar cercano a Punta Colorada. "Es una nueva estafa a la sociedad y algún fiscal debe investigar a fondo", acotó.

Iribarren siempre fue crítico de la empresa Hiparsa, y ahora ratifica sus dichos que siempre tuvo acerca de las gestiones de las conducciones pasadas.