Como virtualmente todos los mandatarios del mundo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suele afirmarse plenamente consciente del peligro planteado por el proteccionismo, un mal cuya proliferación contribuyó a hacer de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado una catástrofe mundial, y dice estar resuelta a combatirlo; pero, lo mismo que muchos otros, es reacia a permitir que los principios que reivindica en los foros internacionales incidan en lo que efectivamente hace. Desde hace años, el gobierno actualmente encabezado por Cristina está aplicando un conjunto de medidas, originadas en la astucia del infatigable secretario de Comercio Guillermo Moreno, destinadas a impedir que seamos "invadidos" por bienes foráneos, en especial los procedentes de China y de Brasil. Puesto que por ahora es relativamente escasa la participación de la Argentina en el comercio internacional, las políticas proteccionistas del gobierno kirchnerista no han preocupado demasiado a los gobiernos de los demás países, pero era de prever que tarde o temprano algunos comenzaran a reaccionar. Es lo que acaba de hacer Brasil que, imitando las tácticas de nuestro gobierno, está demorando o bloqueando la entrada de productos agrícolas como la fruta, el vino y otros. Como es habitual en circunstancias como éstas, los funcionarios brasileños insisten en que sólo se trata de "un problema aduanero", uno que, dicen, se encargarán de solucionar luego de la reunión bilateral que celebrarán Cristina y Luiz Inácio Lula da Silva el 19 de noviembre próximo. Puesto que algunos productos demorados en la frontera se deterioran con rapidez, las pérdidas ocasionadas son enormes; según se informa, las experimentadas sólo por la fruticultura rionegrina alcanzan un millón de pesos diarios.

Mal que le pese al gobierno, en el mundo actual es imposible adoptar políticas proteccionistas sin correr el riesgo de que otros países tomen medidas similares, perjudicando a sectores que dependen de las exportaciones. Felizmente para nosotros, la Unión Europea, Estados Unidos y China han reaccionado con cautela frente a lo que desde su punto de vista son provocaciones, acaso por creer que no les convendría que se difundiera la impresión de que partes del mundo están recayendo en el proteccionismo, lo que brindaría a sus propios lobbies proteccionistas un pretexto inmejorable para reclamar represalias, de este modo poniendo en marcha un proceso sumamente negativo. En cambio, el gobierno brasileño ha decidido que no es de su interés asumir una postura permisiva y tratar el brote de proteccionismo kirchnerista como si sólo fuera cuestión de una manifestación más de la excentricidad de un gobierno que se ha hecho notorio por su forma heterodoxa de enfrentar problemas económicos como el supuesto por la inflación. En vista de la creciente influencia mundial de Brasil, y de su posición dominante en América del Sur, es alarmante que el gobierno se las haya arreglado para convertirlo en nuestro enemigo económico principal al aprovechar las oportunidades brindadas por el sistema de licencias de importación para impedir el ingreso de una amplia gama de productos brasileños que a juicio del Poder Ejecutivo plantean un peligro a la economía nacional.

Puede que, por motivos políticos, a los Kirchner les importe muy poco lo que suceda en las provincias más afectadas por las represalias brasileñas como Río Negro, Neuquén y Mendoza -antes bien, a su entender las dificultades provocadas podrían resultarles útiles-, pero de intensificarse lo que ya se califica de una "guerra comercial" entre nuestro país y Brasil, las consecuencias serán muy graves. Por cierto, no contribuirán a la mayor integración del Mercosur que según tantos políticos debería impulsarse para que los países de la región logren ser competitivos en los mercados internacionales. Sin embargo, aunque Cristina sabe tan bien como el que más que el futuro económico, y por lo tanto social, del país dependerá en buena medida de su capacidad para aumentar las exportaciones, sigue subordinando todo al corto plazo con la esperanza de conseguir réditos políticos menores -como el supuesto por el apoyo en el Congreso de los legisladores fueguinos-, de este modo obstaculizando el desarrollo nacional.