ROCA (AR).- Los dos magistrados que integraron la Cámara Laboral de Roca y que aprobaron el remate de las tierras del Club del Progreso por un precio irrisorio en el año 2005, serán investigados en el ámbito del Consejo de la Magistratura, luego del informe elaborado por el Auditor del Poder Judicial, Pablo Estrabou, donde recomienda que se evalúe el desempeño de los camaristas en ese polémico proceso.
Las actuaciones tuvieron su origen en la denuncia efectuada por el legislador del Partido Justicialista Carlos Peralta, y estaban dirigidas contra los camaristas Carlos Larroulet y Jorge Giménez.
Todo se había iniciado con un pedido del abogado Fernando Detlefs, quien perseguía el cobro de honorarios por un valor de 1.837 pesos, a lo que se sumaba un interés de 735 pesos. Fue así que se decidió subastar -con el respaldo del presidente de la entidad Fabio Torrigiani- casi seis hectáreas que el Club Del Progreso tiene en la zona de las 827 Viviendas.
Lo más insólito es que el remate salió con una base de 5.105 pesos y se terminó ofreciendo 320.000, un valor mucho menor al que por ese entonces se manejaba en el mercado inmobiliario.
En su denuncia, el legislador sostuvo además que existió "ocultamiento" de datos ya que a la hora de publicar los edictos, se omitió poner el nombre de la carátula y del club involucrado.
"Irregular"
Para Estrabou, la resolución del Superior Tribunal de Justicia que anuló finalmente toda la operación resulta clara en varios aspectos y pone de manifiesto que fue un proceso "irregular".
Justamente los argumentos esgrimidos por Alberto Balladini, vocal del STJ, le sirvieron para sostener que; se consintió un embargo desmesurado y que además se encaminó el trámite y se ordenó una subasta que "repudia" el más elemental sentido de justicia al establecer la base en las dos terceras partes de la valuación fiscal del lote, "...la que resultó irrisoria, habiéndose omitido la más mínima ponderación de datos evidentes de la realidad".
En otro de los puntos también detalla que se permitió que la aprobación de la subasta fuera asumida por la Secretaria del Tribunal -cargo que por ese entonces ocupaba la actual jueza de la Cámara del Trabajo Gabriela Gadano- lo cual excedía sus facultades.
"En mi opinión los procesos que emanan de la sentencia pronunciada por el Superior Tribunal de Justicia y que en los puntos que anteceden he descripto sucintamente, deberían se analizados en el Consejo de la Magistratura a fin de evaluar la procedencia de formar un sumario administrativo en contra de los magistrados que por mayoría convalidaron con su resolución la subasta del inmueble", dijo el auditor.
Fuera de todo cuestionamiento quedó el tercer integrante de la Cámara, el doctor Julio Pasarón quien había votado en contra de la polémica operación.
En la denuncia del diputado rionegrino también se solicitaba la investigación de los jueces Pablo Iribarren, Rubén Norry y del fiscal Miguel Fernández Jahde.
Pero el auditor del Poder Judicial aseguró que por el momento no existen elementos que puedan hacer suponer un mal desempeño toda vez que el presidente del club Fabio Torrigiani se encuentra en condiciones de ser enjuiciado.
