BUENOS AIRES.- El Senado aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto que autoriza a las provincias a emitir deuda de hasta un 15% de sus gastos corrientes en los próximos dos años.

El oficialismo obtuvo 35 votos positivos contra 17 de la oposición, como expresión de los legisladores del radicalismo y el justicialismo federal.

La delicada situación financiera de una decena de provincias hace que sean muchos los gobernadores que esperaban la reforma de la ley, entre ellos los de Neuquén y Río Negro. Mendoza ya hizo escuchar sus reclamos. También lo hicieron Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires (cuyos legisladores no apoyaron la reforma). Se estima que el endeudamiento total superaría los 2.200 millones de dólares.

La iniciativa propone la suspensión transitoria de dos artículos de la ley de Responsabilidad Fiscal, por la que quedan sin efecto por dos años las restricciones que impiden a las provincias tomar deuda y flexibiliza la posibilidad de reasignar recursos destinados a afrontar gastos de capital para atender gastos corrientes. Las provincias podrán requerir fondos que la ley de 2004 prohibía y emitir deudas por un valor superior al 15% de sus recursos corrientes, al tiempo que posibilita a las administraciones provinciales a cerrar sus ejercicios con déficit.

El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Fabián Ríos, fundó la medida en la disminución de los recursos que padecieron las provincias como consecuencia de la crisis internacional que redujo los ingresos del país y las mayores inversiones públicas necesarias para reducir el impacto de las gripes y otros problemas de salud.

Sostuvo que la combinación de estas complejidades obligó a los gobernadores a realizar maniobras presupuestarias de distintas naturaleza, pero este régimen de excepción "permitirá a las provincias disponer de un año más para poder amortiguar el impacto de las deudas acumuladas".

El titular de la UCR, Gerardo Morales, pidió reponer el acuerdo Nación-Provincias que establecía un ingreso para el conjunto del interior del 34% del total de los fondos recaudados y opinó que el gobierno nacional "se apropió de los dineros del crecimiento económico nacional".

El radical Roy Nikisch dijo que "la suspensión por dos años no resuelve el problema de los argentinos del interior, sino sólo los de coyuntura de los gobiernos" y opinó que "para las provincias, sería mejor eliminar la ley y emprender negociaciones de refinanciación de toda la deuda a largo plazo".

El chaqueño y otros senadores opositores lamentaron la falta de cumplimiento de la coparticipación federal, que establece un piso de 34% para las provincias, pero sólo llega a 23% y que "la Nación se queda con 77 pesos de cada 100 que se recauda en el país, y miserablemente dejan 23 para las provincias".

El puntano Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que el proyecto "es una irresponsabilidad fiscal" y pidió terminar con un sistema de relación Nación-provincias en la que "sólo consiguen fondos los que hacen todas las genuflexiones" que le piden desde el gobierno nacional.

Los regionales

El neuquino Horacio Lores, aliado al gobierno nacional, dijo que Neuquén "se encuentra en una muy difícil posición financiera que incluso compromete la gobernabilidad de la provincia", calificó de "parche" a la propuesta oficial, pero opinó que la aprobación del texto "va a permitir salir de la difícil situación coyuntural".

La rionegrina María Bongiorno, quien se retiró del bloque oficialista, había adelantado que iba a va "a acompañar" la sanción de la norma, al igual que Pablo Verani, quien había adelantado que iba a emitir "un angustioso voto positivo". (DyN)