SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Vecinos de un flamante plan de viviendas que reclaman por la provisión de servicios eléctricos, cortaron por cuatro horas la Ruta 234 a 15 kilómetros del casco histórico de esta ciudad, en el sector conocido como Cuesta Pío Protto y frente a uno de los accesos al barrio ubicado en Chacra 30, en demanda de urgentes respuestas de las autoridades.

La medida de fuerza se levantó minutos antes del mediodía, luego de que la intendente Luz Sapag, la presidente del Concejo Deliberante, Cristina Frugoni, funcionarios municipales y directivos de la empresa constructora, firmaran un acta compromiso que asegura que las obras se iniciarán la semana próxima, con el arribo de un transformador de potencia ya adquirido en Buenos Aires.

La protesta se inició a las 7:45 de ayer y apenas dos horas después se había formado ya una larga caravana, con unos 300 vehículos apostados a un lado y otro del piquete.

Se trataba de camiones y ómnibus de gran porte, ya que los vehículos pequeños y medianos podían dar un rodeo por una huella de tierra, paralela al bloque y ubicada a un lado de la banquina, que los vecinos dejaron abierta con esa intención, pero que por sus dimensiones estrechas hacía imposible el paso de rodados pesados.

Funcionarios municipales y de la empresa constructora acudieron a dialogar con los vecinos, para explicarles que la obra de electrificación (las casas tienen ahora una provisión precaria de energía, propia de las obras en construcción) está demorada por el arribo de un transformador, que ser esperaba para el próximo 3 de noviembre.

Sin embargo, ese no es el único reclamo de las 79 familias que ocupan otras tantas viviendas del complejo de 120 correspondiente al Plan Federal I, cuya entrega parcial se concretó semanas atrás y luego de varias demoras.

Además de la colocación del transformador para la provisión de energía eléctrica en condiciones adecuadas, exigen completar la instalación de los pilares faltantes, en especial para las viviendas que ya están entregadas.

También, reclaman una fecha cierta de entrega de las 41 viviendas restantes y un plan municipal que evalúe la situación de los vecinos en riesgo social, para que se les entregue una ayuda con la que afrontar el pago por la instalación de los servicios.