BARILOCHE (AB).- El ministro de Gobierno, Diego Larreguy, anunció el impulso de medidas tendientes a mejorar la seguridad en esta ciudad y apuntó contra la procuradora general Liliana Piccinini, al señalar que "interfiere" en la investigación local por delitos contra la integridad sexual que llevan adelante dos fiscales. Los anuncios no conformaron a las mujeres que reclaman acciones concretas contra los violadores.

El ministro arribó junto a una decena de funcionarios y mantuvo reuniones con el grupo de mujeres, con los propios fiscales y las autoridades policiales locales.

Previamente Larreguy hizo entrega al intendente Marcelo Cascón de un cheque por 60 mil pesos, no reintegrables, "para asistencia técnica al municipio" y un aporte de 40 mil pesos para, a través de juntas vecinales, impulsar campañas de prevención del delito.

El secretario de Seguridad, Marcial Peralta, anunció la firma de un proyecto para ser enviado al Consejo Federal de Inversiones, solicitando el financiamiento por 180 mil pesos, de un estudio que permita delinear un programa de seguridad específico para Bariloche.

Los funcionarios explicaron que esta ciudad tiene características propias que la hacen diferente a otras localidades, como su extensión y topografía, que requieren ser tenidos en cuenta a la hora de determinar equipamiento y cantidad de efectivos. Peralta dijo que "es mucho más que un mapa del delito", y aclaró que en aproximadamente cinco meses de trabajo, se tendrán en cuenta numerosas variables para, en base a esas características propias, desarrollar un programa de seguridad a medida.

Larreguy dijo que la procuradora rechazó cada una de las propuestas que realizó, como la presencia de Gendarmería en la investigación, la implementación de las figuras de testigo protegido y la recompensa, y la divulgación del identikit. Consultado por los argumentos para el rechazo, el ministro se limitó a decir: "Son decisiones que no se han tomado, entienden que no es oportuno".

Por otra parte felicitó al grupo de mujeres por haber realizado una presentación en el Consejo de la Magistratura para que se evalúe el accionar de los fiscales que investigan las violaciones. Las denuncias por delitos sexuales fueron unificadas y están bajo la órbita de los fiscales Eduardo Fernández y Marcos Burgos.

Paralelamente, en una extensa carta, los legisladores locales Manuel Vázquez e Irma Haneck reseñaron los problemas de seguridad en la ciudad y en particular las reiteradas promesas incumplidas de los funcionarios provinciales.