NEUQUÉN (AN).- Unas 4.000 personas marcharon ayer, convocadas por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en la movilización que sumó más adhesión de los últimos meses, realizada en medio de un paro de 24 horas en el ámbito público provincial.

Los sindicatos estatales plantearon ayer que insistirán con una reforma que permita una conducción mayoritaria de las organizaciones de trabajadores en el Consejo de Administración de ISSN, afectado por una millonaria deuda generada por municipios y organismos provinciales, uno de los ejes de la protesta.

La movilización incluyó un paso por el Tribunal Superior de Justicia, donde los gremios insistieron con el pedido al gobierno de veto a un inciso de la ley de convenios colectivos de trabajo del Poder Judicial, que impone descuentos salariales en días de paro, planteo que obtuvo el inusual respaldo de empleados legislativos representados por ANEL. De la marcha también participó Víctor Mendibil, titular de la Federación Judicial Argentina e integrante de la conducción nacional de la CTA.

La columna de manifestantes, dispersada en unas cinco cuadras de extensión, fue primero al ISSN, donde tras un breve paso, siguió rumbo a la Casa de Gobierno, sede del acto central.

Participaron docentes de casi toda la provincia. ATEN aseguró que en escuelas de la capital el paro de 24 horas sumó un "90% de adhesión". En el CPE reconocieron que el acatamiento fue "alto" sobre todo en establecimientos del oeste de la capital.

Ya en la Gobernación, abrió el acto César Dell´Alli, del sindicato médico, que le planteó al gobernador Jorge Sapag, que "no nos sigan dando vueltas, de reunión en reunión", una alusión a los encuentros que mantienen con el ministro Daniel Vincent, y pidió que "dejen de criminalizar las protestas" y "den soluciones los problemas de los hospitales públicos".

"Se han apropiado de los recursos de la educación, de los hospitales, y ahora de los del ISSN", dijo el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo. Aseguró que orgánicamente, los docentes "hemos decidido dar el debate interno de ir por la conducción del Instituto". También ATE se expresó en la misma sintonía en los últimos días.

El titular del sindicato docente hizo referencia a la deuda que mantienen los organismos provinciales y municipales con la obra social, por más de 200 millones de pesos, parte de la cual ahora el gobierno analiza pagar con bonos. Planteó, a los legisladores de todos los partidos que se "saquen la careta", y modifiquen el código procesal penal, para que la querella pueda plantear líneas de investigación. Un pedido que se desprende de la causa Fuentealba II.