Un estudio de la Universidad de Texas criticó hoy la "negligencia" del gobierno argentino para tratar las "crisis sanitarias y ambientales" en la comunidad minera de Abra Pampa, en lo que considera una "violación" de los derechos humanos de los habitantes de esa región fronteriza con Bolivia.    

Asimismo, denuncia la falta de "transparencia" del ejecutivo, asegurando que "funcionarios del gobierno no han respondido a 38 de los 41 pedidos de acceso a la información pública" presentados por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, la autora del informe "Abra Pampa: una comunidad contaminada, una comunidad ignorada: La lucha por los derechos a la salud y a un ambiente sano en Argentina".  

  En éste se detallan los "reiterados fracasos" del gobierno argentino en los últimos 25 años para tratar las crisis sanitarias y ambientales en Abra Pampa, en la provincia de Jujuy, a más de 1.800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.    Allí, recuerda el estudio, la fundidora de plomo Metal Huasi operó durante 30 años emitiendo contaminantes que provocaron, entre otros, el envenenamiento por plomo en más del 80 por ciento de los niños de esa comunidad, asevera.

   La Clínica de Derechos Humanos hace referencia a un estudio de 2006 que demostró que alrededor del 80 por ciento de los niños de Abra Pampa tenía niveles de plomo en la sangre superiores a cinco microgramos por decilitro y en el 16 por ciento de ellos el nivel llegaba incluso a 20 microgramos por decilitro. 

 El organismo recuerda que si bien se considera internacionalmente que el peligro de contaminación por plomo comienza con 10 microgramos/dl, "existe creciente consenso médico en señalar que niveles tan bajos como 3 microgramos/dl se asocian a efectos adversos para la salud (...) como un retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y alteraciones o daños a la función motora".    "Aun hoy en día, ni el gobierno federal ni el provincial han logrado desarrollar un programa de salud integral para el tratamiento de los habitantes de Abra Pampa que sufren de envenenamiento por plomo", denuncia la Clínica.   

 Esta también denuncia en su informe que aunque en enero de este año se retiró la pila de residuos tóximos más grande que persistía desde el cierre de la fundidora en 1980, "60.000 toneladas de residuos y materiales contaminados permanecen aún hoy en Abra Pampa".    "La única medida tomada por las autoridades gubernamentales para 'contener' los residuos tóxicos restantes fue la instalación de cercas alambraas para mantener a los residentes alejados", critica.  

  "El gobierno argentino ha sido lento en reconocer los problemas en Abra Pampa", sostuvo el director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky.    "Y cuando finalmente lo hizo, respondió de forma inadecuada, contribuyendo a los problemas ambientales con prácticas de saneamiento ambiental pobres, asignando recursos insuficientes (...) y operando con una falta general de transparencia que mantiene a a comunidad en la oscuridad sobre lo que está sucediendo en su ciudad", agregó.