Según sus defensores, el proyecto de ley 7/09 del Poder Ejecutivo Nacional (el "impuestazo tecnológico´´) "permitirá a la Argentina autoabastecerse y reducir la brecha tecnológica" (solicitada de Afarte, cámara de empresarios de Tierra del Fuego, del 16-17 de mayo del 2009). El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 4 de agosto de 2009, fue modificado por el Senado el 20 de octubre del 2009 y debe volver a la cámara de origen para que las ratifique o las rechace. El método elegido para impulsar el desarrollo tecnológico nacional es catalogar como artículos suntuarios y duplicar el IVA (del actual 10,5% al 21%) a productos electrónicos e informáticos que no provengan de Tierra del Fuego. Los principales productos afectados son los siguientes (Diputados, cediendo a enérgicos reclamos del sector, excluyó las notebooks originalmente incluidas): acondicionadores de aire y equipos de producción de frío; calefactores y calentadores eléctricos; contestadores telefónicos; dispositivos LAN y WAN de conexión de computadoras en red; micrófonos, altoparlantes y amplificadores de sonido; monitores y proyectores de video; planchas eléctricas; receptores de radio portátiles y de automóvil; receptores GPS; reproductores y grabadores de CD; reproductores y grabadores de sonido; reproductores y grabadores de video; secadores y rizadores de cabello; teléfonos fijos y móviles (celulares y satelitales).

Contrariamente a lo afirmado por la gobernadora de Tierra del Fuego respecto de que "en nuestra provincia tienen (sic) un régimen especial sólo aquello que no es producido en el resto del país" (diario "La Nación" del 31/10/2009), si el proyecto se convierte en ley quedarán afectados todos los productos antedichos que se fabrican en el país. La razón es que se les impone un incremento de "impuestos internos" que los especialistas calculan será del 26,63%. Estos impuestos internos son los establecidos por la ley 30.764 que grava a artículos como vehículos, bebidas alcohólicas y aparatos electrónicos considerados suntuarios y, por ello, prescindibles. Así lo establecen claramente los considerandos del proyecto de ley cuando afirma que "importa incorporar al objeto del gravamen que nos ocupa, determinados productos suntuarios, de forma tal que quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional". También lo expresa claramente dicha ley cuando establece que deben ser pagados no sólo por importadores sino también por fabricantes. Como éstos no pueden absorber tamaño aumento, los consumidores deberían pagar alrededor de un 37% más, o no comprar y los fabricantes del resto del país dejar de fabricar.

Los grandes ensambladores instalados en Tierra del Fuego son en cambio favorecidos con una rebaja del 61,47% en esos impuestos internos (decreto 252/2009). Gozan, además, de las exenciones de todo tipo de impuestos y aranceles de importación establecidos por la ley 19.640, decretada por el dictador Alejandro Lanusse. El resultado es obvio, los que estarán en condiciones de vender mucho mejor sus productos serán los 5 grandes beneficiarios: BGH, Digital Fueguina, Electrofueguina, Newsan y Radio Victoria Fueguina. Estas empresas importan los componentes de otros países y los arman con máquinas muy modernas por convenio con grandes fabricantes internacionales como LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sansei, Sanyo y Sony, y algunos de origen nacional como Atma o Noblex. Producen, es cierto, el 93% de los acondicionadores de aire, más del 90% de los televisores comunes y de los monitores LCD, pero menos del 2% de los teléfonos celulares que se venden en el país. Son empresas muy automatizadas (así lo requieren tanto la calidad como el costo), que emplean hoy sólo unos 2.700 trabajadores, con posibilidad de ocupar unos 4.700 trabajando a ocupación plena (datos de Afarte). Duplicando sus instalaciones podrían llegar a ocupar otros tantos, unos 7.000 puestos de trabajo más. Según estimaciones que la citada gobernadora toma de la citada cámara, las industrias realizarían inversiones por más de 40 millones de dólares, generando al mismo tiempo un superávit fiscal de 130 millones de dólares. ¿A qué costo social?

Según la Cámara de la Industria Fotográfica Argentina (CIFA), la ley produciría la pérdida de 25.000 puestos de trabajo sólo en la cadena de fabricación de insumos y de procesamiento de fotografías. Al abarcar una amplia gama de productos electrónicos de consumo masivo, el costo de la promoción no sería afrontado sólo por los más pudientes sino por la mayoría de los argentinos. Tal vez mientan y la pérdida sea nula, según afirma la ministra de Industria, Débora Giorgi: "Escuchamos a lobbistas disfrazados de defensores del bolsillo de la ciudadanía, mientras que nos enteramos de que los argentinos pagamos más caro por un celular premium de lo que se paga en el resto de los países del mundo, incluso sin excluir la carga tributaria de ese aparato". Los economistas Galperín y Katz, por su parte, calculan un aumento de costos del 6,3% para la telefonía celular de todo el país, lo que estiman acarrearía una reducción mínima de 1.600.000 líneas activas para los sectores de menores recursos. Señalan que la actual producción de equipamiento informático y de telecomunicaciones en el país no excede los 300 millones de dólares anuales, alrededor del 7% del consumo de 4.113 millones (excluyendo al sector servicios) y que el incremento de la producción de estos bienes en Tierra del Fuego, como resultado de las medidas, sería poco significativo.

Lo gravado por el proyecto no son productos de lujo como yates, barcos, aviones personales, joyas y perfumes, sino bienes imprescindibles que afectarán más a los que menos tienen. Los grandes beneficiados serán el Estado -que recaudará para redistribuir clientelísticamente de acuerdo con su conveniencia- y las grandes empresas de Tierra del Fuego. Si la finalidad es promover el crecimiento de la industria electrónica, lo primero que debe hacerse es imponer a esas empresas la obligación de creciente integración de sus producciones, de modo que obligatoriamente deban ir reemplazando componentes importados por los fabricados en el país, por ellos o por los instalados en cualquier otra provincia argentina. Según lo poco que se sabe del funcionamiento actual de este régimen de promoción, la única obligación que tienen es usar papeles, cajas y etiquetas nacionales. El grado de prebendalismo del proyecto es tal que el Senado debió modificar una cláusula que beneficiaba a un único ensamblador nacional de acondicionadores de aire, BGH.

El proyecto fue lanzado en medio de las dificultades que encuentra la presidente (no se dice "presidenta" por la misma razón que no se dice "adolescenta") Cristina Kirchner para lograr en el Senado de la Nación los votos necesarios para aprobar sus leyes sin modificaciones. En este contexto los senadores por Tierra del Fuego pueden decidir una votación. Se comprenden muy bien las grandes necesidades de los fueguinos y de su gobernadora en ese inhóspito clima y con tan escasas fuentes genuinas de trabajo, pero habría que explicarles un importante hecho histórico. El proteccionismo industrial sin contraprestación obligatoria en plazos definidos no mejora de modo estable la calidad de los productos, la capacidad exportadora ni la cantidad de puestos de trabajo, sólo genera temporariamente grandes ganancias para unos pocos a costa del resto de la sociedad. Después, ya embolsados los grandes beneficios, los empresarios oportunistas se vuelcan a la siguiente gran oportunidad de renta rápida, esté donde esté, sea en la actividad que fuere. Los beneficios serán estables sólo si las empresas crecen para competir en el crecientemente innovador mercado internacional sin "paraguas" protectores y con el efecto multiplicador industrial que sólo puede dar una creciente integración nacional de sus insumos.

CARLOS E. SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"

(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales. Mail: csoliverez@gmail.com