El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó ayer el juicio político contra la jueza penal porteña Rosa Elsa Parrilli, quien el 15 de setiembre protagonizó un episodio en el que insultó y discriminó a dos empleadas de tránsito de la administración local por el acarreo de su vehículo.

Por siete votos contra dos, el Consejo aprobó la elevación del expediente al proceso de juicio político, que podría derivar en su destitución definitiva del cargo por las causales de "mal desempeño de sus funciones".

La jueza había sido beneficiada el lunes con una "probation" para hacer tareas comunitarias y evitó el juicio oral por los delitos de amenazas y discriminación contra las empleadas de tránsito.

El juicio político estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que quedará constituido el próximo viernes cuando se sorteen sus integrantes, que serán tres abogados, tres legisladores de la ciudad y tres jueces, uno de ellos del Tribunal Superior de Justicia local.

Lo primero que deberá decidir el Jurado es si suspende a Parrilli en su cargo hasta la realización del juicio, para lo que tiene un plazo máximo de 90 días.

El plenario del Consejo realizó ayer una sesión especial para tratar el caso de Parrilli, que duró dos horas y en la que confirmó el dictamen que la comisión de Disciplina y Acusación aprobó la semana pasada: enviar a juicio político a la jueza por mal desempeño de sus funciones, al considerar que los hechos afectan la investidura que un magistrado debe tener.

El 15 de septiembre Parrilli, titular del juzgado penal, contravencional y de faltas 28 de la Ciudad, fue grabada por una cámara en la playa de infractores ubicada en el cruce de 9 de Julio y Sarmiento, mientras insultaba a dos empleadas cuando había ido a retirar su vehículo trasladado hasta allí por mal estacionamiento.

"Todas morochas, ni una rubia contratan", gritó a la jueza a las empleadas a las que calificó de "tontitas" y amenazó con meterlas presa y se jactó de que nunca pagaba las multas.

Por el hecho, Parrilli fue denuncia ante el Consejo y penalmente por el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.

En la causa penal, el fiscal Ángel Carestia pidió el juicio oral y público contra la magistrada, pero el juez contravencional Norberto Circo aceptó la probation que presentó Parrilli. La jueza deberá hacer tareas comunitarias en Cáritas, la suspensión para conducir vehículos durante un año y medio y el resarcimiento de 5.000 pesos para cada una de las damnificadas, Rocío Gómez y María Itatí Albe. El fiscal Carestia apelará la aceptación de la probation ("suspensión del juicio aprueba") a la Cámara Penal, Contravencional y de la Faltas que podrá confirmarla o rechazarla y ratificar el juicio político. (DyN)