Para sorpresa de nadie, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales uruguayas se aproximaron a los previstos ya que el candidato oficialista José Mujica arañó el 50% de los votos, pero así y todo tendrá que enfrentar el balotaje. Si bien podría considerarse el 47,5% que consiguió como un piso, también es posible que constituya un techo. Mujica sabe que no tiene garantizado un triunfo sobre su rival Luis Lacalle, del Partido Nacional (Blanco), el que es de suponer recibirá el apoyo de quienes optaron por el candidato colorado, Pedro Bordaberry. Sumados, los votos de los dos representantes de los partidos tradicionales superaron el 45%. Así las cosas, el desenlace de la contienda dependerá de la actitud asumida por los independientes que, es evidente, no están convencidos de que Mujica posea las cualidades necesarias para desempeñar de manera adecuada la función de presidente nacional. Según las encuestas de opinión, el presidente actual, Tabaré Vázquez, disfruta de la aprobación del 60% de sus compatriotas, lo que hace pensar que de haber sido una figura menos polémica Mujica hubiera ganado en la primera vuelta por un margen mayor que el supuesto por el 50,45% logrado por Vázquez cinco años antes.

Las dudas en cuanto a la idoneidad de Mujica se deben no sólo a su trayectoria como guerrillero tupamaro sino también a su verborragia a veces urticante. Nadie supone que, de erigirse en presidente, Mujica intentaría llevar a cabo una revolución setentista, pero muchos sospechan que su franqueza extrema podría causar perjuicios a un país en el que la mayoría entiende muy bien la importancia de conservar una buena imagen nacional. Uruguay se ha visto beneficiado por el estilo tranquilo y sensato de Vázquez que, además de gobernar con éxito en un período bastante difícil -su país es uno de los pocos en que apenas se ha sentido el impacto de la crisis económica internacional-, ha logrado mantenerlo alejado de la aventura chavista que está haciendo estragos en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Merced a la gestión de Vázquez, a esta altura pocos cuestionarían la capacidad para gobernar del Frente Amplio, una agrupación que a pesar de los antecedentes de ciertos dirigentes tiene mucho en común con los partidos socialdemócratas europeos que se alternan en el poder con los conservadores, sin que signifique cambios traumáticos el reemplazo de un gobierno de un lado del espectro ideológico por uno de otro. Aunque la convergencia así supuesta, típica de un "país normal", entraña el riesgo de que la ciudadanía atribuya a la clase política en su conjunto la culpa de todos sus males, el consenso resultante hace posible la continuación de "proyectos nacionales" de largo alcance, ya que el gobierno entrante no suele proclamarse resuelto a hacer borrón y cuenta nueva con el propósito de emprender un rumbo radicalmente distinto -"de 180 grados"- del seguido por su antecesor. En el caso de que Lacalle consiguiera derrotar a Mujica en el balotaje que se celebrará el 29 de noviembre, los partidarios del Frente Grande se sentirían muy decepcionados pero no tendrían motivos para temer que un gobierno blanco modificara sustancialmente la legislación social impulsada por el de Vázquez. Asimismo, el eventual triunfo de Mujica no preocuparía demasiado a sus adversarios, que dan por descontado que no haría nada que pudiera frenar el progreso notable que Uruguay ha experimentado en los últimos cinco años en que la proporción de pobres se ha reducido del 34 al 20%, la tasa de desempleo ha caído al 7,9% y el producto bruto ha aumentado el 30%. Huelga decir que el próximo gobierno uruguayo, sea de centroizquierda o de centroderecha, continuará impulsando proyectos industriales como el protagonizado por Botnia sin dejarse intimidar por la hostilidad de los piqueteros ecológicos entrerrianos y el gobierno kirchnerista de la Argentina. A diferencia de tantos integrantes de nuestra clase política, con contadas excepciones sus equivalentes uruguayos entienden muy bien que es necesario diversificar la economía con la ayuda de cuantiosas inversiones extranjeras por tratarse de la única estrategia que sirve para asegurar el desarrollo y de tal modo atenuar los problemas sociales más apremiantes.