VIEDMA (AV).- Marifil SA, la pequeña empresa creada por tres geólogos a finales de los 90 con un capital de 12.000 pesos -el mínimo para la constitución de una sociedad anónima-, pasó a formar parte como accionista de una firma de capitales canadienses, que según Renzo Bonuccelli -uno de los socios argentinos- actualmente cotiza en bolsa en ese país norteamericano.

El notorio crecimiento societario y la incorporación a Marifil Mines Ltd. se produjo simultáneamente a que el Estado rionegrino le otorgara en concesión por 30 años, vía un acuerdo transaccional, un yacimiento de 20 millones de toneladas de ese mineral, valuado en más de 4 millones de dólares, ubicado estratégicamente junto al muelle mineralero de Punta Colorada, cuyo uso también fue autorizado por la Provincia, en complementación con la utilización por parte de la minera china que explota el hierro de Sierra Grande.

Bonuccelli informó a este medio que "hace más de diez años hicimos una sociedad entre tres geólogos que se llamó Marifil, luego la compañía pasó a ser Marifil SA y después se sumaron unos inversionistas canadienses y compraron Marifil Mines Ltd., no en plata sino en acciones. Esta empresa cotiza en bolsa en Canadá y nosotros a cambio recibimos acciones, valorizamos lo que teníamos. Marifil SA quedó como subsidiaria de Marifil Mines Ltda en Argentina".

El objeto de esa unión es, entre otros proyectos, la explotación del yacimiento de caliza de Punta Colorada. Según el anexo del acuerdo transaccional suscripto por el fiscal de Estado, Alberto Carosio, y Daniel Buffone, por Marifil, el 10 de octubre del año pasado, la sociedad obtiene los derechos de explorar de manera exclusiva por 6 años a su cuenta y riesgo el área de 659 hectáreas que le cedió el Estado. Durante ese período podrá iniciar la explotación de la caliza, cuyos usos son de lo más diverso. Tendrá 30 años para desarrollar la actividad a partir de la fecha en que inicie la tarea.

Marifil pagará a la Provincia el 5% de regalías. Llama la atención que el anexo del convenio de finalización del litigio haya sido firmado 11 meses después que el acuerdo transaccional. En ambos participó Carosio por la provincia, pero en el primero lo hizo el abogado Antonio Sánchez por Marifil y luego Buffone. Como ya se informó en publicaciones anteriores, el juez Fermín Donate homologó el acuerdo y, a instancias de la Comisión de Transacciones, reguló honorarios para los letrados en $ 1,7 millones, que pagará la provincia en títulos públicos.

La idea de la empresa es realizar un nuevo relevamiento -con un costo de algo menos de 70.000 dólares- y, una vez finalizado, iniciar la producción de "clinker", resultado intermedio del proceso que en su etapa final permite la elaboración de cemento para construcción.